La reciente decisión del gobierno del Ayuntamiento de València, compuesto por el Partido Popular (PP) y Vox, de disolver la Fundación Valencia Activa ha generado un amplio debate en la ciudad. Esta fundación, que ha estado bajo la lupa de la Fiscalía por presuntas irregularidades en sus contrataciones, será liquidada y sus funciones serán absorbidas por las delegaciones de Empleo y Emprendimiento del propio ayuntamiento. Esta medida, anunciada por el concejal José Gosálbez, busca evitar duplicidades y optimizar los recursos del consistorio.
La Fundación Valencia Activa, que tiene su sede en la calle Guillem de Castro, cuenta actualmente con un equipo de 21 trabajadores y tres directivos. Según Gosálbez, los empleados serán reubicados dentro de los servicios municipales, asegurando que continúen con su labor en las nuevas delegaciones. Sin embargo, los tres directivos de la fundación perderán sus cargos y no se les ofrecerá una nueva posición dentro del ayuntamiento. Esta decisión ha sido considerada por algunos como una medida drástica, pero el concejal ha defendido que es necesaria para mejorar la gestión pública.
### Contexto de la Disolución
La Fundación Valencia Activa fue creada con el objetivo de fomentar el empleo y el emprendimiento en la ciudad, pero en los últimos meses ha sido objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía. Las irregularidades en las contrataciones realizadas durante la gestión de Juan Manuel Badenas, ex portavoz de Vox en el consistorio, han levantado sospechas sobre la transparencia y la correcta utilización de los fondos públicos. La decisión de liquidar la fundación se ha tomado tras un análisis exhaustivo de su funcionamiento y de las críticas que ha recibido.
Gosálbez ha señalado que la liquidación de la fundación se llevará a cabo antes del 31 de diciembre de este año, marcando un plazo claro para la transición de funciones. Esta medida se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno local para reestructurar y optimizar los servicios públicos, en un contexto donde la eficiencia y la transparencia son cada vez más demandadas por la ciudadanía.
La decisión ha suscitado reacciones diversas entre los grupos políticos y la población. Mientras que algunos apoyan la medida como un paso hacia una mayor transparencia y eficiencia, otros critican la falta de claridad en el proceso de liquidación y la posible pérdida de empleos para los directivos que no serán recolocados. La situación ha puesto de relieve la necesidad de un debate más amplio sobre la gestión de las fundaciones y entidades públicas en la ciudad.
### Reacciones y Consecuencias
La disolución de la Fundación Valencia Activa ha generado un intenso debate en las redes sociales y entre los ciudadanos. Muchos se han manifestado a favor de la medida, argumentando que es un paso necesario para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y que se eviten situaciones de corrupción. Sin embargo, otros han expresado su preocupación por el futuro de los empleados y la falta de un plan claro para su reubicación.
Los partidos de la oposición han criticado la forma en que se ha llevado a cabo esta decisión, señalando que debería haberse realizado un proceso más transparente y participativo. La falta de información sobre las irregularidades que llevaron a la disolución de la fundación también ha sido un punto de controversia, con llamados a que se haga pública toda la información relacionada con las investigaciones en curso.
Además, la liquidación de la fundación podría tener implicaciones en otros proyectos y programas que dependían de su funcionamiento. La integración de sus funciones en las delegaciones de Empleo y Emprendimiento plantea interrogantes sobre cómo se gestionarán estos servicios en el futuro y si se mantendrán los mismos niveles de atención y apoyo a los emprendedores y desempleados de la ciudad.
En medio de este panorama, el gobierno de València se enfrenta al reto de demostrar que la disolución de la Fundación Valencia Activa es una medida que beneficiará a la ciudadanía y que contribuirá a una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos. La presión por parte de la oposición y de la sociedad civil para que se mantenga un control riguroso sobre la gestión pública es más fuerte que nunca, y será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses.
