Recientemente, un incidente alarmante tuvo lugar en València, donde una madre agredió a la directora del colegio Cervantes. Este acto de violencia ha sido condenado enérgicamente por la Asociación de Directores de la Escuela Pública (Adep-PV), que representa a los equipos directivos de Infantil y Primaria. La madre reaccionó de manera violenta tras una queja de su hijo relacionada con un conflicto con otros niños. La Adep-PV ha expresado su preocupación por la creciente inseguridad que enfrentan los docentes en el ejercicio de su labor, subrayando que es inaceptable que en el siglo XXI la función directiva se desarrolle en un ambiente de amenaza e intimidación. En su comunicado, la asociación se ha puesto al servicio de la docente agredida y ha solicitado a la Conselleria de Educación que implemente medidas urgentes para proteger a los educadores y garantizar entornos escolares seguros.
La situación en las aulas se ha vuelto cada vez más preocupante. Según datos de la Conselleria de Educación, los incidentes en el aula se han triplicado desde la pandemia. En el curso 2020-21, se registraron 3,600 incidentes, mientras que el curso pasado la cifra se disparó a 11,353. Este aumento ha llevado a la creación de un nuevo decreto de convivencia que endurece las sanciones para los estudiantes que agredan a compañeros o profesores, así como a facilitar la expulsión del aula. Este decreto también aborda problemas que ocurren fuera del centro educativo pero que están relacionados con la actividad escolar, como peleas o robos.
La escalada de incidentes en las aulas no es un fenómeno nuevo, ya que el número de problemas ha ido en aumento desde 2013, coincidiendo con una mayor conciencia sobre el bullying. Sin embargo, es tras la pandemia que estos problemas han estallado y crecido de manera exponencial. La nueva normativa presentada a los sindicatos educativos busca sustituir el anterior decreto y aplicar una línea más dura frente a las agresiones, simplificando las tipologías de conductas en solo dos categorías: leves y graves. Las sanciones leves pueden incluir comportamientos como el pasotismo en el aula o comentarios inapropiados hacia el profesorado, mientras que las graves abarcan actos de indisciplina, acoso, agresiones físicas y amenazas.
Además, el decreto prohíbe el uso de teléfonos móviles en colegios e institutos, una medida que busca reducir las distracciones y fomentar un ambiente de aprendizaje más seguro. También se amplía el rango de acción de los centros educativos para abordar conductas que ocurren fuera del aula, otorgando mayor autoridad a los docentes para imponer sanciones más severas.
El sindicato Stepv, que representa a los docentes en la educación pública, ha criticado la agresión a la directora y ha señalado que estos incidentes no son casos aislados. El sindicato ha solicitado que la Conselleria de Educación presente denuncias de oficio en estos casos y ha pedido una reforma del nuevo decreto de convivencia, argumentando que, aunque se contemplan derechos y obligaciones para el alumnado, no se establecen medidas adecuadas para abordar la conducta de las familias en situaciones de agresión.
La violencia en las escuelas es un problema que no solo afecta a los docentes, sino que también tiene un impacto significativo en el bienestar de los estudiantes. La angustia y el estrés que generan estos incidentes pueden afectar el rendimiento académico y la salud mental de los alumnos. Es crucial que se tomen medidas efectivas para abordar esta problemática y garantizar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje.
La comunidad educativa, incluidos padres, docentes y administradores, debe unirse para crear un ambiente en el que la violencia no tenga cabida. Esto implica no solo sancionar las conductas agresivas, sino también fomentar la comunicación y el diálogo entre todos los actores involucrados en el proceso educativo. La educación emocional y la resolución pacífica de conflictos deben ser parte integral del currículo escolar, preparando a los estudiantes no solo para el éxito académico, sino también para ser ciudadanos responsables y respetuosos.
La situación actual en las aulas es un reflejo de problemas más amplios en la sociedad, y es fundamental que se aborden de manera integral. La colaboración entre las instituciones educativas y las familias es esencial para crear un entorno donde todos se sientan seguros y valorados. La violencia no debe ser una respuesta a los conflictos, y es responsabilidad de todos trabajar juntos para erradicarla de nuestras escuelas.
