La reciente muerte de dos jóvenes en el río Túria ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de las administraciones en la gestión de las zonas de baño. Los ahogamientos, ocurridos en un corto periodo de tiempo y en el mismo lugar, han llevado a la familia de uno de los fallecidos a cuestionar si estas tragedias podrían haberse evitado. La situación se complica aún más al considerar que tres administraciones diferentes tienen competencias en esta área: el Ayuntamiento de Manises, la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La primera pregunta que surge es si las administraciones son responsables de las muertes. Según la normativa vigente, la responsabilidad recae en el bañista, quien debe asumir los riesgos de su decisión de entrar al agua. La Ley de Aguas establece que el baño es un uso común que puede ejercerse libremente, siempre que no cause perjuicio al recurso hídrico. Esto implica que las administraciones no pueden prohibir el baño en espacios públicos, aunque sí pueden disuadir a los bañistas mediante señalización y advertencias sobre los peligros.
A pesar de las advertencias, la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana ha instado a habilitar zonas seguras con socorristas en los ríos, dado que muchas personas continúan acudiendo a estos lugares a bañarse, ignorando los riesgos. En marzo, las administraciones acordaron medidas para disuadir a los bañistas antes de la Semana Santa, pero los familiares de los jóvenes ahogados han denunciado la falta de señalización adecuada en la zona, lo que podría haber contribuido a la tragedia.
**La falta de señalización y las responsabilidades administrativas**
El Ayuntamiento de Manises ha manifestado que ha solicitado a las administraciones competentes la prohibición del baño en la zona, a través de la Asociación de Municipios vinculados al Parque Natural del Turia. Sin embargo, la respuesta ha sido que la responsabilidad de delimitar las zonas de baño recae en los ayuntamientos, quienes deben actuar a través de la policía local o nacional. A pesar de que el Ayuntamiento ha instalado carteles recomendando no bañarse, los familiares de los fallecidos argumentan que no había advertencias suficientes en el lugar de los incidentes.
Desde la Generalitat Valenciana, se ha enfatizado que la zona donde ocurrieron los ahogamientos no estaba habilitada para el baño, a diferencia de otras playas fluviales. En su página web, el parque natural advierte sobre los peligros de bañarse en el río, señalando que las aguas pueden parecer tranquilas, pero el lecho del río puede ser peligroso. Sin embargo, esta advertencia se refiere a un área recreativa ubicada a varios kilómetros de donde se produjeron los ahogamientos, lo que genera confusión entre los bañistas.
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar se ampara en la Ley de Aguas para justificar su falta de responsabilidad en la gestión de la seguridad en la zona. A pesar de haber instalado paneles de advertencia sobre los riesgos de bañarse, estos fueron destruidos por las inundaciones. La CHJ también había elaborado un listado de zonas peligrosas para el baño, pero curiosamente, la presa del Azud de la Acequia de Tormos, donde ocurrieron los ahogamientos, no estaba incluida en este listado.
**La necesidad de una regulación más clara**
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de una regulación más clara y efectiva sobre el uso de las zonas de baño en ríos y embalses. La falta de coordinación entre las administraciones y la ambigüedad en la normativa vigente han llevado a un vacío en la responsabilidad que puede resultar fatal. La creación de zonas de baño seguras, con la presencia de socorristas y señalización adecuada, podría ser una solución viable para prevenir futuros incidentes.
Además, es fundamental que las administraciones trabajen de manera conjunta para establecer protocolos claros que delimiten sus competencias y responsabilidades en la gestión de estas áreas. La seguridad de los bañistas debe ser una prioridad, y esto implica no solo advertir sobre los riesgos, sino también tomar medidas efectivas para garantizar un entorno seguro.
La tragedia en el río Túria ha puesto de relieve la importancia de la prevención y la responsabilidad compartida entre las administraciones y los ciudadanos. Mientras se continúe ignorando la necesidad de una regulación más estricta y de una mayor concienciación sobre los peligros del baño en ríos, es probable que se repitan situaciones similares en el futuro. La vida de los jóvenes ahogados es un recordatorio doloroso de que la seguridad en el agua no debe ser una cuestión de azar, sino una responsabilidad colectiva.
