La reciente implementación de la plataforma digital Just@ en la Comunitat Valenciana ha generado una crisis en los juzgados de la provincia de Valencia, especialmente en la capital. Desde su lanzamiento, se han acumulado más de 200 expedientes pendientes de asignar a los jueces, lo que ha llevado a la suspensión de varias vistas judiciales hasta septiembre. Este nuevo sistema, que busca modernizar la gestión procesal, ha sido recibido con escepticismo por parte de jueces, fiscales y funcionarios, quienes han expresado su preocupación por la falta de formación adecuada y la complejidad del nuevo software.
### La Transición a la Digitalización
La plataforma Just@ fue diseñada para reemplazar a Cicerone, un sistema que había estado en uso durante más de dos décadas. Aunque su objetivo es mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración de justicia, la transición ha sido problemática. La consellera de Justicia, Elisa Núñez, había destacado la importancia de adaptar el sistema a las nuevas tecnologías, pero la realidad ha demostrado ser más complicada. A pesar de los cursos de formación ofrecidos, muchos profesionales aún se sienten perdidos con el nuevo sistema, lo que ha llevado a un aumento en la carga de trabajo y a un colapso en los juzgados.
Los juzgados de Valencia manejan un volumen de trabajo significativamente mayor que los de otras provincias como Castellón y Alicante. Esto se ha convertido en un factor crítico, ya que la rapidez en la toma de decisiones es esencial en el Juzgado de Guardia de la Ciudad de la Justicia. La falta de coordinación entre los diferentes actores del sistema judicial, incluidos jueces, fiscales y funcionarios, ha exacerbado la situación. A pesar de que Just@ ya ha sido implementado en otros partidos judiciales, la experiencia en Valencia ha sido muy diferente debido a la magnitud del trabajo que se maneja.
### Críticas y Desafíos del Nuevo Sistema
Uno de los aspectos más criticados de Just@ es su falta de agilidad. Los profesionales del derecho han señalado que el sistema requiere realizar numerosos trámites burocráticos, lo que ralentiza el proceso judicial. Además, la promesa de eliminar el uso del papel parece lejana, ya que en la práctica, los expedientes deben ser impresos para ser firmados por los detenidos y luego digitalizados nuevamente. Esta contradicción ha llevado a cuestionar la efectividad del sistema en su conjunto.
Otro punto de preocupación es la dificultad que enfrentan los funcionarios para acceder a los expedientes asignados. Actualmente, los funcionarios del juzgado deben enviar los expedientes a la Fiscalía, donde deben ser aceptados antes de que los abogados puedan tener acceso a ellos. Este proceso no solo retrasa la gestión de los casos, sino que también crea un ambiente de incertidumbre y desconfianza entre los profesionales del derecho.
A pesar de estos desafíos, Just@ presenta algunas ventajas. Su compatibilidad con otros sistemas utilizados en diferentes comunidades autónomas es un aspecto positivo, así como la posibilidad de gestionar de manera centralizada todos los trámites y expedientes judiciales. Además, se espera que el sistema genere el Expediente Judicial Electrónico (EJE), que estará disponible para consulta por parte de los profesionales de la Administración de Justicia en la primera fase de su despliegue.
La situación actual en los juzgados de Valencia pone de manifiesto la necesidad de una planificación más cuidadosa y una implementación más gradual de sistemas digitales en el ámbito judicial. La transición hacia la digitalización es un paso necesario, pero debe ser acompañada de una formación adecuada y de un soporte técnico constante para evitar el colapso de un sistema que ya enfrenta numerosas dificultades. La justicia es un pilar fundamental de la sociedad, y su correcto funcionamiento es esencial para garantizar el acceso equitativo a la misma.
