Luis Carrero Pérez, exasesor de Moncloa y colaborador de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha decidido renunciar a su puesto en la institución provincial, donde ocupaba el cargo de Jefatura de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. Esta renuncia se produce en un contexto de investigación judicial que involucra a varios funcionarios, incluido el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, quien está bajo la lupa por supuestas irregularidades en su contratación.
Carrero, que es funcionario de carrera de la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida, había estado en la Diputación desde el 1 de enero de 2024, en un puesto que podía ocupar hasta diciembre de 2025. Sin embargo, su salida se produce cinco meses antes de lo previsto, lo que ha generado especulaciones sobre su decisión. En un escrito presentado el 30 de junio, Carrero formalizó su renuncia, lo que ha llevado a cuestionar cómo se gestó su plaza y si hubo influencias indebidas en su contratación.
### La Relación entre Carrero y Sánchez
La relación entre Luis Carrero y David Sánchez ha sido objeto de interés en el marco de la investigación judicial. Durante los interrogatorios, la jueza Beatriz Biedma destacó la «estrecha relación» que ambos mantenían, evidenciada por correos electrónicos que fueron interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En estos correos, se discutía la creación de un proyecto denominado ‘Operegrina’, que tenía como objetivo llevar la ópera a las zonas rurales de Extremadura utilizando fondos europeos. Sin embargo, el proyecto no logró obtener la subvención necesaria para su desarrollo.
Carrero, que anteriormente trabajaba en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, donde se encargaba de redactar discursos para el presidente, ha declarado que su amistad con Sánchez se remonta a más de quince años. Esta relación personal ha llevado a que algunos amigos los describan como «hermanos», lo que explica el uso del término «hermanito» en sus comunicaciones. En su declaración ante la jueza, Carrero afirmó que su deseo de jubilarse en Extremadura fue lo que lo llevó a postularse para el puesto en la Diputación.
A pesar de la cercanía con Sánchez, Carrero ha insistido en que no hubo ninguna garantía de que su puesto estuviera asegurado y que no tiene conocimiento de que Sánchez haya influido en su contratación. Sin embargo, la jueza investiga si la relación personal entre ambos pudo haber afectado el proceso de selección.
### Implicaciones de la Investigación Judicial
La investigación que rodea a David Sánchez y otros diez implicados, incluido Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación y actual líder de los socialistas extremeños, ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia en la administración pública. La jueza Beatriz Biedma está analizando si hubo irregularidades en la contratación de Sánchez en 2017 y si su posición le permitió influir en la selección de Carrero para su puesto en la Diputación.
El caso ha suscitado un gran interés mediático y ha llevado a un debate sobre la ética en la administración pública. La posibilidad de que las relaciones personales influyan en decisiones laborales en el sector público plantea preguntas sobre la integridad de los procesos de selección y contratación. La situación se complica aún más por el hecho de que Carrero, al ser un funcionario de carrera, tiene derechos laborales que deben ser respetados, pero su renuncia anticipada ha dejado abierta la puerta a especulaciones sobre su futuro profesional y las razones detrás de su decisión.
La situación en la Diputación de Badajoz es un recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas en el sector público. La investigación en curso no solo afecta a los implicados directamente, sino que también tiene repercusiones en la confianza del público en las instituciones. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo se manejan las acusaciones y si se implementan cambios para prevenir situaciones similares en el futuro.
En resumen, la renuncia de Luis Carrero y la investigación en curso sobre David Sánchez y otros funcionarios destacan la necesidad de una mayor vigilancia y transparencia en la administración pública. La relación entre Carrero y Sánchez, así como las circunstancias de la contratación de ambos, están bajo un intenso escrutinio, lo que podría tener implicaciones significativas para la política en Extremadura y más allá.
