La tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024, cuando la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) desbordó el barranco del Poyo en Paiporta, ha dejado una profunda huella en la comunidad valenciana. Con 228 víctimas mortales, el suceso ha desencadenado una serie de investigaciones para determinar las causas y responsabilidades de lo sucedido. Un informe elaborado por la Guardia Civil ha puesto de manifiesto la lentitud de reacción y la falta de avisos por parte de varias instituciones clave, como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La Guardia Civil, a petición de la jueza y el fiscal que investigan el caso, ha presentado un exhaustivo análisis de la cronología de los hechos y la gestión de la emergencia. Este informe, que abarca 220 páginas, examina desde las predicciones meteorológicas hasta la respuesta de los servicios de emergencia, revelando fallos significativos en la comunicación y la transmisión de información crítica.
Uno de los puntos más destacados del informe es la ineficacia de los boletines emitidos por la Aemet. A pesar de que se generaron múltiples avisos de alerta, la información no fue lo suficientemente clara ni oportuna. Entre las 06:36 y las 09:41 de la mañana del 29 de octubre, se emitieron seis boletines, pero desde las 09:31 hasta las 16:24 no se generó ningún nuevo aviso, a pesar de que las precipitaciones ya eran intensas en varias localidades. Esta falta de actualización en la información meteorológica ha sido criticada por la Guardia Civil, que señala que los boletines de nivel rojo se comunicaron después de que comenzara la tormenta, lo que contribuyó a la confusión y a la falta de preparación de la población.
Por otro lado, la CHJ también ha sido objeto de críticas por no emitir avisos sobre los incrementos de caudal en los ríos y embalses. El informe destaca que no se comunicaron los ascensos de caudal en los sensores del Servicio Automático de Información Hidrológica (SAIH), lo que podría haber permitido a las autoridades y a la población anticipar la magnitud del desastre. En particular, el barranco del Poyo, que registró el mayor número de víctimas, no recibió avisos sobre el aumento de caudal, lo que resultó en una falta de preparación ante la inminente inundación.
La gestión de las llamadas al teléfono de Emergencias 112 también ha sido objeto de análisis. A pesar de que se recibieron numerosas llamadas alertando sobre desbordamientos y situaciones de emergencia, el informe sugiere que estas alertas no fueron adecuadamente transmitidas a los niveles superiores de responsabilidad. En algunos casos, las llamadas que anticipaban la tragedia fueron ignoradas, lo que plantea serias dudas sobre la eficacia del sistema de respuesta de emergencias.
La Guardia Civil ha señalado que la falta de comunicación entre los diferentes organismos involucrados en la gestión de la emergencia fue un factor clave en la magnitud de la tragedia. La Aemet, la CHJ y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias (Avsre) no lograron coordinarse de manera efectiva, lo que resultó en una respuesta inadecuada ante una situación crítica. La falta de avisos claros y oportunos ha llevado a cuestionar la capacidad de estas instituciones para gestionar emergencias de esta magnitud.
El informe ha generado un intenso debate político en la comunidad valenciana. El conseller de Medio Ambiente ha afirmado que los hallazgos de la Guardia Civil respaldan la postura del gobierno regional, que ha sido criticado por su gestión durante la crisis. Desde la oposición, se ha exigido una rendición de cuentas y se han planteado preguntas sobre la responsabilidad de los líderes políticos en la gestión de la emergencia.
La tragedia de la DANA no solo ha dejado un saldo trágico de vidas perdidas, sino que también ha puesto de relieve la necesidad urgente de mejorar los sistemas de alerta y respuesta ante emergencias en la comunidad. La falta de coordinación y comunicación entre las instituciones responsables ha sido un factor determinante en la magnitud de la tragedia, y es imperativo que se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La comunidad valenciana merece un sistema de emergencias que funcione de manera efectiva y que garantice la seguridad de sus ciudadanos ante fenómenos meteorológicos extremos.
