La reciente dimisión de José María Ángel como comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras el escándalo de un título falso ha puesto en el centro de la atención pública la gestión de personal en la Diputación de Valencia. Este incidente no solo ha marcado el fin de su carrera política, sino que también ha revelado una serie de irregularidades y prácticas cuestionables en el manejo de los recursos humanos dentro de la institución. La Diputación, considerada por muchos como la ‘meca’ de los funcionarios, ha sido objeto de críticas por su opacidad y por la percepción de clientelismo que rodea a su estructura organizativa.
**Salarios Elevados y Estructura Jerárquica**
Un aspecto que ha llamado la atención es la disparidad salarial entre los funcionarios de la Diputación. Actualmente, se estima que alrededor de 120 de los 1,200 empleados públicos perciben salarios que superan los 85,000 euros anuales, cifra que se asemeja a la del presidente de la institución, Vicent Mompó. Este análisis se basa en las tablas salariales y la relación de puestos de trabajo (RPT) que han sido consultadas. Los responsables de cada departamento, conocidos como jefes de servicio, tienen salarios que superan los 90,000 euros, lo que indica una clara jerarquía en la distribución de los salarios.
La situación se complica aún más al considerar que los puestos críticos, que actúan como intermediarios entre el equipo político y el personal, son de libre designación. Esto ha facilitado la llegada de funcionarios de otras administraciones, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza entre los empleados actuales. En el último año, el salario promedio de estos puestos críticos fue de 91,770.52 euros, sin contar las actualizaciones salariales y otros beneficios que podrían incrementar significativamente sus ingresos.
Además, la élite funcionarial provincial, que incluye a habilitados nacionales, puede alcanzar salarios que superan los 120,000 euros. Estos funcionarios, que son responsables de garantizar el cumplimiento económico y legal, tienen complementos de destino que elevan aún más sus remuneraciones. La situación es tal que incluso los administrativos, que no requieren titulación universitaria, pueden percibir más de 50,000 euros anuales, lo que contrasta con la percepción general de que los salarios en el sector público son más bajos que en el privado.
**Inflación de Jefaturas y Gestión del Personal**
La gestión del personal en la Diputación de Valencia ha sido objeto de auditorías internas que han puesto de manifiesto una tendencia preocupante: la inflación de jefaturas. Un informe de control interno de 2020 reveló que el gasto en personal ha crecido a un ritmo superior al aumento en el número de empleados. Esto se debe, en parte, al envejecimiento de la plantilla y a los incrementos retributivos que se han otorgado a través de fórmulas no adecuadas, como la creación de jefaturas y dedicaciones que no se justifican adecuadamente.
El ‘Plan Estratégico de Recursos Humanos 2021-2024’ también ha señalado esta inflación de jefaturas, indicando que hay más de 400 jefaturas en una plantilla de aproximadamente 1,200 empleados. Esta situación ha llevado a que en algunas áreas haya más jefes que funcionarios de base, lo que plantea serias dudas sobre la eficiencia y la efectividad de la estructura organizativa de la Diputación.
Las auditorías han señalado que, en 2019, el gasto en productividad superó los límites autorizados por el pleno, lo que ha generado preocupaciones sobre la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos. Además, se han identificado irregularidades en la retribución de ciertos puestos, donde se otorgan complementos fijos sin una evaluación periódica del desempeño, lo que podría estar contribuyendo a un clima de descontento entre los empleados que no reciben el mismo trato.
La situación actual en la Diputación de Valencia plantea importantes interrogantes sobre la gestión de los recursos humanos y la equidad en la distribución de salarios. La percepción de clientelismo y la falta de transparencia en la asignación de jefaturas y salarios han generado un ambiente de desconfianza que podría tener repercusiones a largo plazo en la moral y la productividad de los empleados públicos. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo la Diputación aborda estas cuestiones y si se implementan reformas que promuevan una gestión más justa y eficiente de los recursos humanos.
