El barrio de San Marcelino en Valencia fue escenario de un brutal asesinato en septiembre de 2022, donde un hombre fue tiroteado y apuñalado en un ataque que dejó a la comunidad en shock. Este crimen, que involucró a dos hombres de Albacete, ha revelado un oscuro trasfondo relacionado con el tráfico de drogas y la violencia que este conlleva. Recientemente, los autores del crimen han sido condenados a 23 años de prisión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
### El contexto del crimen
El asesinato de Adolfo David Beltrán, un traficante de drogas, se produjo en un encuentro que, según los acusados, tenía como objetivo la compra de dos kilos de cocaína. Este encuentro, sin embargo, se tornó mortal. Blas M. G., de 68 años, y Tomás M. M., de 40, viajaron desde su pueblo en Albacete hasta Valencia con la intención de adquirir la droga, valorada entre 40.000 y 50.000 euros en el mercado negro. Sin embargo, el encuentro no fue lo que parecía.
Los acusados han mantenido silencio sobre los detalles del encuentro, lo que ha llevado a especulaciones sobre si realmente tenían la intención de comprar la droga o si, por el contrario, planeaban un ‘vuelco’, es decir, robar la droga y asesinar a Beltrán. Este tipo de crímenes no son infrecuentes en el mundo del narcotráfico, donde la traición y la violencia son moneda corriente.
El ataque se llevó a cabo de manera brutal: mientras uno de los acusados apuñalaba a Beltrán en el hemitórax, el otro le disparaba por la espalda, causando una muerte casi instantánea. La escena del crimen, con manchas de sangre frente al Centro Social de San Marcelino, es un recordatorio escalofriante de la violencia que puede surgir en el mundo del narcotráfico.
### El juicio y las condenas
El juicio por el asesinato de Beltrán estaba programado para llevarse a cabo, pero un acuerdo de última hora entre los abogados de los acusados y la Fiscalía resultó en la cancelación del mismo. Este acuerdo permitió a ambos condenados aceptar penas de 11 años y medio de prisión cada uno, en lugar de enfrentar una posible condena de 47 años. La decisión de llegar a un acuerdo se debió, en parte, a la disposición de los acusados a indemnizar a la familia de la víctima con una suma significativa de dinero, aunque aún queda pendiente una parte de la indemnización.
La Fiscalía había rechazado acuerdos anteriores debido a la falta de reparación económica y a la negativa de los acusados a asumir la responsabilidad completa de sus actos. Sin embargo, la reciente disposición de los acusados a pagar una parte de la indemnización fue clave para que se llegara a este acuerdo. Este tipo de negociaciones son comunes en el sistema judicial, donde las partes buscan evitar un juicio prolongado y costoso.
La condena de 23 años de prisión se desglosa en 20 años por asesinato, 1.5 años por tenencia ilícita de armas y 2 años por robo con violencia. Este caso pone de manifiesto no solo la violencia inherente al tráfico de drogas, sino también las complejidades del sistema judicial en casos de homicidio relacionados con el narcotráfico.
Los acusados, que habían mantenido un perfil bajo hasta su detención, fueron arrestados seis meses después del crimen. Las evidencias en su contra eran contundentes, a pesar de que nunca se encontraron las armas utilizadas en el ataque. Las cámaras de tráfico y otros medios de prueba fueron suficientes para mantenerlos en prisión provisional mientras se desarrollaba el caso.
El caso de San Marcelino es un claro ejemplo de cómo el narcotráfico puede llevar a situaciones extremas de violencia y cómo el sistema judicial maneja estos casos. La comunidad de San Marcelino, que ha sido testigo de este crimen, sigue lidiando con las repercusiones de la violencia relacionada con las drogas, un problema que afecta a muchas áreas urbanas en España y en el mundo entero. La lucha contra el narcotráfico y sus consecuencias sigue siendo un desafío para las autoridades y la sociedad en general.
