La situación actual en la obtención del carné de conducir en la Comunitat Valenciana ha generado un gran descontento entre los aspirantes, quienes enfrentan tiempos de espera excesivos para poder realizar sus exámenes. Este problema ha sido señalado por la coalición Compromís, que ha solicitado el traspaso de las competencias de los examinadores de conducir a la Generalitat Valenciana. Alberto Ibáñez, diputado de Compromís y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plurinacional, ha denunciado que en el primer semestre de 2025, más de 40.000 personas en la región no pudieron examinarse debido a la ineficiencia de la Dirección General de Tráfico (DGT).
La cifra se desglosa en 21.000 aspirantes en València, 15.000 en Alacant y 4.300 en Castelló, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema. Ibáñez ha calificado esta situación como «inadmisible», subrayando que es inaceptable que los ciudadanos tengan que esperar más de medio año para obtener su carné de conducir. Esta situación no solo afecta a los individuos, sino que también repercute en la economía local, ya que muchas personas dependen del vehículo para acceder a sus lugares de trabajo.
Para abordar esta problemática, Compromís ha propuesto la creación de una autoescuela pública. Esta iniciativa busca eliminar la barrera económica que representa el coste del carné de conducir, que puede ascender a unos 2.000 euros de media. La formación política argumenta que facilitar el acceso a la obtención del carné es fundamental para mejorar las oportunidades laborales de muchas personas en la región. La propuesta de una autoescuela pública se enmarca en un contexto donde el transporte público, especialmente en áreas de cercanías, presenta deficiencias que obligan a muchos a depender de un vehículo privado.
Además, Ibáñez ha sugerido que la financiación de esta autoescuela pública podría provenir de la modificación de la ley de Tráfico, que actualmente está siendo discutida por el grupo Plurinacional SUMAR. Esta modificación contempla la implementación de multas de tráfico progresivas y equitativas, lo que significa que las sanciones se ajustarían a la capacidad económica de cada infractor. Según Ibáñez, no es lo mismo multar a una persona que gana el salario mínimo interprofesional (SMI) que a alguien con un ingreso de 120.000 euros al año. Esta medida no solo busca hacer más justas las sanciones, sino también generar recursos que podrían ser utilizados para financiar la autoescuela pública.
La propuesta de Compromís ha generado un debate en la sociedad valenciana, donde muchos ciudadanos apoyan la idea de que el acceso al carné de conducir no debería estar limitado por la capacidad económica de cada individuo. La creación de una autoescuela pública podría ser un paso significativo hacia la igualdad de oportunidades, permitiendo que más personas puedan acceder a un medio de transporte esencial en la actualidad.
En un contexto donde la movilidad es clave para el desarrollo personal y profesional, la falta de acceso a una autoescuela asequible puede ser un obstáculo considerable. La propuesta de Compromís no solo busca solucionar el problema inmediato de los tiempos de espera en la obtención del carné de conducir, sino que también aborda cuestiones más amplias relacionadas con la movilidad y la economía en la Comunitat Valenciana.
La situación actual de la DGT y los problemas que enfrentan los aspirantes a conductores han puesto de relieve la necesidad de una reforma en la gestión de las competencias relacionadas con la obtención del carné de conducir. La propuesta de Compromís podría ser un modelo a seguir en otras comunidades autónomas que enfrentan problemas similares. La creación de una autoescuela pública, junto con la transferencia de competencias a la Generalitat, podría ser una solución efectiva para mejorar la situación actual y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a las oportunidades que ofrece la movilidad en el siglo XXI.
