La reciente sesión del Consell, celebrada el martes, ha marcado un nuevo capítulo en la relación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España. En este último pleno del curso, se aprobó la decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en respuesta a la normativa del Ejecutivo central que regula el reparto de menores migrantes no acompañados. Este asunto ha cobrado relevancia en el debate público, especialmente en un contexto donde la presión política del partido Vox ha influido en las decisiones de la administración autonómica.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha sido la encargada de comunicar esta decisión, que se suma a un recurso previo presentado en mayo ante el Tribunal Constitucional. Este último se refería al Real Decreto-ley del Ministerio de Infancia y Juventud, que establece el marco para el reparto de menores migrantes que actualmente se encuentran en Canarias. Según la normativa, a la Comunitat Valenciana le corresponderían 571 menores, un número que ha sido objeto de controversia y debate.
### La Normativa y sus Implicaciones
El Real Decreto 658/2025, aprobado por el Gobierno central el 22 de julio, establece las medidas a adoptar para el traslado de casi 4,000 menores migrantes no acompañados que han llegado a Canarias en los últimos meses. La situación de estos menores es crítica, ya que se encuentran en condiciones de hacinamiento, lo que ha llevado al Gobierno a buscar soluciones rápidas. Sin embargo, la vicepresidenta Camarero ha calificado este reparto como «unilateral», argumentando que no ha habido un proceso de negociación adecuado y que invade las competencias de la Generalitat en materia de protección de menores.
Camarero ha señalado que el nuevo recurso contencioso-administrativo es coherente con el anterior, ya que ambos se fundamentan en la defensa de las competencias autonómicas y en la necesidad de una distribución justa y planificada de los recursos. La vicepresidenta ha enfatizado que cada paso que dé el Gobierno central será objeto de recurso, lo que indica un clima de tensión y desconfianza entre ambas administraciones.
### La Situación en la Comunitat Valenciana
La situación en la Comunitat Valenciana es preocupante, ya que el sistema de atención a menores migrantes ya está operando a un 160% de su capacidad. Camarero ha expresado su preocupación por la falta de infraestructura y personal disponible para atender a los nuevos menores que llegarían. El Gobierno central ha propuesto un presupuesto de 7.4 millones de euros para los primeros tres meses del traslado, lo que equivale a 34 euros diarios por menor. Esta cifra es significativamente inferior a los 218 euros que actualmente se invierten en el sistema valenciano para cada menor acogido.
La falta de planificación y recursos adecuados ha llevado a la Generalitat a cuestionar la viabilidad del traslado de estos menores. Camarero ha indicado que las entidades que trabajan en el sistema de protección de menores han manifestado su incapacidad para asumir la carga adicional sin una adecuada financiación y apoyo logístico. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los responsables de la atención a menores en la región.
El conflicto entre la Generalitat y el Gobierno de España no es un hecho aislado, sino que forma parte de un contexto más amplio en el que la migración se ha convertido en un tema candente en la política española. La presión del partido Vox ha llevado a la Generalitat a adoptar una postura más firme en defensa de sus competencias, lo que ha resultado en un choque constante con el Ejecutivo central.
La migración y la atención a menores no acompañados son temas que requieren un enfoque colaborativo y coordinado entre las distintas administraciones. Sin embargo, la falta de diálogo y la desconfianza mutua han dificultado la búsqueda de soluciones efectivas. La Generalitat ha dejado claro que no aceptará decisiones unilaterales que afecten a sus competencias y que está dispuesta a luchar por los derechos de los menores migrantes en su territorio.
El futuro de este conflicto dependerá de la capacidad de ambas administraciones para encontrar un terreno común y establecer un marco de colaboración que garantice la protección y el bienestar de los menores migrantes. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más humano y coordinado en la gestión de la migración, que priorice la atención a las necesidades de los menores y respete las competencias de las comunidades autónomas.
