En un contexto donde la política a menudo se encuentra marcada por la polarización, la concejala del Partido Popular (PP) en Ontinyent, María del Carmen Cambra, ha decidido alzar la voz en defensa de los servicios sociales de su localidad. Durante un pleno municipal, Cambra expresó su descontento con la falta de financiación por parte de la Generalitat, lo que ha llevado a una situación crítica en la que los recursos destinados a estos servicios se han mantenido congelados durante cuatro años. Esta situación ha generado un déficit significativo en áreas esenciales como el centro ocupacional y el centro de día, que se traduce en una carga económica adicional para el ayuntamiento.
Cambra, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia en el ámbito de la diversidad funcional, subrayó que la congelación de la aportación de la Generalitat no solo ignora la inflación y los incrementos salariales del personal público, sino que también afecta directamente a la calidad de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. «Debemos actuar con responsabilidad y poner sobre la mesa algunas carencias presupuestarias que no podemos ignorar», afirmó la edil, enfatizando que la falta de recursos se repite en todos los ayuntamientos de la comunidad.
La concejala no dudó en señalar que, si no fuera por el esfuerzo de los ayuntamientos, muchos de estos centros no podrían operar adecuadamente. «Estos son servicios especializados que atienden a un colectivo específico donde el nivel de apoyo es elevado y se necesita personal suficiente y especializado», recalcó Cambra. Su intervención pone de manifiesto la necesidad urgente de que la Conselleria tome medidas para abordar esta problemática, que afecta no solo a Ontinyent, sino a toda la comunidad.
### La Lucha por la Financiación Adecuada
La situación de los servicios sociales en Ontinyent es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas localidades en la Comunidad Valenciana. La falta de financiación adecuada ha llevado a que los ayuntamientos tengan que asumir cargas económicas que deberían ser responsabilidad de la administración autonómica. Cambra destacó que la previsión acumulada de déficit en servicios como el centro ocupacional y el centro de día asciende a 90.000 euros anuales, una cifra que el ayuntamiento debe cubrir con fondos propios.
La concejala también hizo hincapié en que, a pesar de los esfuerzos realizados por su partido para aumentar la financiación del contrato-programa, la situación sigue siendo insostenible. «Después del desastre que ha pasado, hemos aumentado en 674.000 euros la financiación del contrato-programa respecto al anterior», afirmó Cambra, quien se mostró dispuesta a elogiar a su partido, pero también a hacer autocrítica. Esta postura es poco común en el ámbito político, donde a menudo se prefiere mantener una imagen unida y evitar las críticas internas.
Cambra, con su experiencia en el campo de la integración social y la salud medioambiental, es consciente de la importancia de contar con recursos adecuados para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Su intervención en el pleno municipal no solo refleja su compromiso con la causa, sino que también pone de relieve la necesidad de un cambio en la política de financiación de servicios sociales en la Comunidad Valenciana.
### La Urgencia de una Respuesta del Consell
La urgencia de una respuesta por parte del Consell es evidente. La falta de acción puede tener consecuencias graves para los ciudadanos que dependen de estos servicios. Cambra hizo un llamado a la Conselleria para que tome medidas inmediatas y efectivas que garanticen la financiación necesaria para los servicios sociales. La concejala argumentó que la situación actual no es solo una cuestión de números, sino que afecta directamente a la calidad de vida de muchas personas.
La crítica de Cambra resuena en un momento en que la política social es un tema candente en la agenda pública. La necesidad de asegurar un sistema de servicios sociales robusto y bien financiado es más relevante que nunca, especialmente en un contexto donde las desigualdades sociales se han acentuado. La falta de recursos no solo limita la capacidad de los ayuntamientos para ofrecer servicios de calidad, sino que también pone en riesgo el bienestar de los ciudadanos más vulnerables.
La intervención de María del Carmen Cambra es un recordatorio de que, a pesar de las diferencias políticas, la prioridad debe ser siempre el bienestar de la comunidad. La presión sobre el Consell para que actúe de manera decisiva en la financiación de los servicios sociales es más necesaria que nunca, y la voz de los representantes locales como Cambra es fundamental para impulsar este cambio. La situación en Ontinyent es un claro ejemplo de la necesidad de una revisión profunda de las políticas de financiación en el ámbito social, que garantice que todos los ciudadanos tengan acceso a los recursos y apoyos que necesitan.
