La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha alcanzado un punto crítico, con el inicio de los traslados a la Península que se ha visto marcado por la lentitud y la complejidad del proceso. A partir del lunes, se comenzarán a realizar los primeros traslados, pero el ritmo es preocupantemente lento, lo que ha generado críticas por parte del Gobierno de Canarias. En este contexto, 38 jóvenes han alcanzado la mayoría de edad mientras esperaban ser trasladados, y 22 de ellos aún no han recibido la atención adecuada en la red de protección para adultos.
El primer grupo de menores que ha sido trasladado a la Península incluye a varias niñas solicitantes de asilo provenientes de diferentes países de África, como Guinea, Senegal, Gambia, Costa de Marfil y Mali. Este traslado, que se realizó el jueves, es solo el primero de varios que se prevén para la semana. Se estima que un grupo de siete chicos de Mali viajará el domingo, lo que sumaría un total de 31 menores trasladados en las últimas semanas. Sin embargo, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias ha denunciado que el Estado ha abandonado a estos jóvenes, quienes, al cumplir 18 años, se ven obligados a esperar en la red de protección para adultos sin haber recibido la atención necesaria durante su infancia.
La situación en los centros de acogida en Canarias es alarmante, con una ocupación que supera el 750% de su capacidad. La Fiscalía ha señalado que la supervisión de estos centros no se ha llevado a cabo con la frecuencia necesaria, lo que agrava aún más la situación. En 2024, se realizaron solo 96 inspecciones en total, cuando deberían haberse llevado a cabo más de 340. Esta falta de supervisión se suma a la creciente presión migratoria que se espera en los próximos meses, debido a la mejora de las condiciones de navegación y a la crisis humanitaria en la región del Sahel.
El presidente canario ha insistido en que existen ONG en la Península dispuestas a asumir a cientos de menores, lo que podría acelerar el proceso de traslado. Sin embargo, el Gobierno central ha defendido que la lentitud en los traslados se debe a la complejidad del proceso y a la necesidad de garantizar los derechos de los menores. A finales de agosto, se prevé una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se espera que se discutan las medidas necesarias para abordar esta crisis.
Mientras tanto, la situación de los menores migrantes en Canarias sigue siendo crítica. La falta de atención adecuada y la incertidumbre sobre su futuro son preocupaciones constantes. La presión sobre los centros de acogida y la necesidad de una respuesta coordinada entre el Gobierno canario y el Estado son más urgentes que nunca. La comunidad espera que las medidas que se tomen en la Conferencia Sectorial sean efectivas y que se logre una solución que garantice el bienestar de estos jóvenes en un contexto tan desafiante.
