La reciente modificación en la Ley de Eficiencia de la Justicia 1/2025 ha generado un clima de preocupación y desasosiego entre los magistrados y profesionales de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) en España. A partir del 3 de octubre, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asumirán nuevas competencias que incluyen la tramitación de casos de violencia sexual, matrimonios forzosos, mutilación genital femenina y acoso sexual, además de los casos de violencia en el ámbito de la pareja. Este cambio, aunque busca modernizar y agilizar la administración de justicia, ha sido criticado por la falta de recursos y preparación para enfrentar la avalancha de casos que se prevé.
La preocupación principal radica en que los juzgados ya se encuentran saturados y la carga de trabajo podría incrementarse en un 20%. Los magistrados advierten que la falta de personal y recursos materiales podría llevar a un colapso inminente en el sistema judicial. A pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido reforzar 23 juzgados en todo el país, incluyendo cinco en la Comunitat Valenciana, los profesionales del sector sostienen que la realidad es muy distinta. En muchos partidos judiciales, las sedes no han sido adaptadas para garantizar un entorno seguro y cómodo para las víctimas, lo que podría agravar aún más la situación.
### La Implementación de Nuevas Herramientas y su Impacto
La introducción de la nueva herramienta de gestión procesal, Just@CV, que busca digitalizar los procedimientos y reducir el uso de papel, ha resultado ser un desafío adicional. Aunque en teoría debería facilitar el trabajo, en la práctica ha generado complicaciones significativas, con más de un millar de causas pendientes de asignar a un juzgado en su primer mes de funcionamiento. Esta situación se ve aún más complicada con la entrada en vigor de las nuevas competencias, lo que podría llevar a un aumento en los tiempos de espera para las víctimas que buscan justicia.
Uno de los aspectos más preocupantes es cómo estas modificaciones afectarán a las víctimas, especialmente durante las guardias. Los magistrados expresan su inquietud sobre la posibilidad de que el trato personalizado que requieren las víctimas de violencia sexual se vea comprometido. La atención a casos delicados, como el de una víctima de violación, podría diluirse entre la creciente cantidad de casos, lo que afectaría la calidad del servicio que se les brinda.
Los profesionales de las UVFI también han manifestado su preocupación por el impacto que tendrá la carga adicional de trabajo en su capacidad para atender a las víctimas. Con el aumento de casos de violencia sexual en los últimos años, se estima que los plazos de atención se alargarán considerablemente, lo que podría resultar en un sufrimiento adicional para las víctimas que ya enfrentan situaciones difíciles. La falta de recursos y la sobrecarga de trabajo son problemas que se han señalado repetidamente, y la necesidad de protocolos específicos para abordar la violencia sexual se vuelve cada vez más urgente.
### La Necesidad de Recursos y Protocolos Especializados
Los profesionales de las UVFI han hecho un llamado a la creación de protocolos específicos que aborden la violencia sexual de manera integral. Actualmente, existe un protocolo, pero no se adapta adecuadamente a las complejidades que presentan los casos de violencia sexual, que involucran múltiples factores y contextos. La falta de personal especializado y la escasez de unidades dedicadas a evaluar el contexto de violencia son obstáculos significativos que deben ser superados para garantizar una atención adecuada a las víctimas.
La situación actual exige una respuesta coordinada y efectiva por parte de las instituciones. Es fundamental que se refuercen los recursos disponibles para los magistrados, funcionarios, forenses y abogados, para que puedan hacer frente a la creciente carga de trabajo. La creación de un protocolo específico para la valoración de víctimas de violencia sexual es esencial para asegurar que se brinde la atención adecuada y se respeten los derechos de las víctimas.
La implementación de estas medidas no solo es necesaria para mejorar la calidad del servicio judicial, sino que también es un paso crucial hacia la protección de las víctimas de violencia de género. La falta de atención a estas necesidades podría resultar en un aumento de la impunidad y un debilitamiento de la confianza en el sistema judicial por parte de las víctimas, lo que a su vez podría desincentivar a otras personas a buscar ayuda y justicia.
En resumen, la modificación de la Ley de Eficiencia de la Justicia ha traído consigo una serie de desafíos que deben ser abordados con urgencia. La falta de recursos, la saturación de los juzgados y la necesidad de protocolos especializados son cuestiones que requieren atención inmediata. La justicia debe ser accesible y efectiva para todas las víctimas, y es responsabilidad de las instituciones garantizar que se cumplan estos principios fundamentales.
