La reciente operación de la Guardia Civil en Sagunt ha desmantelado una de las organizaciones criminales más grandes dedicadas al robo de cobre en España. Conocida como la «Mafia del Cobre», esta red fue responsable de más de 100 asaltos en diversas localidades de ocho comunidades autónomas, acumulando un botín que supera los 2,5 millones de euros. La operación, denominada Kuroma, ha resultado en la detención de 21 individuos y la recuperación de más de 20 toneladas de cobre, un metal que ha visto un aumento significativo en su valor en el mercado negro.
### La Estructura de la Organización Criminal
La investigación reveló que la organización operaba de manera altamente estructurada y jerárquica. Cada miembro tenía un rol específico: algunos se encargaban de ejecutar los robos, mientras que otros recopilaban información sobre posibles objetivos. Además, existía un grupo dedicado a la venta rápida del material robado, lo que les permitía obtener ganancias inmediatas. Esta división del trabajo no solo aumentaba la eficiencia de la banda, sino que también dificultaba su detección por parte de las autoridades.
Los asaltos se realizaban principalmente en instalaciones donde el cobre tenía un mayor valor, como depuradoras y plantas fotovoltaicas. En total, se atribuyeron 15 robos a depuradoras en localidades como Quartell, Canet y Puçol. La Guardia Civil ha señalado que estos robos no solo afectaron a la propiedad privada, sino que también interrumpieron servicios esenciales como el suministro de agua y electricidad, generando un impacto significativo en las comunidades afectadas.
La organización utilizaba una táctica de imitación para despistar a las autoridades. Firmaban sus robos con la leyenda «Mafia del Cobre», un guiño a un grupo criminal que había sido desarticulado en años anteriores. Esta estrategia tenía como objetivo desviar la atención de la Guardia Civil y hacer que los investigadores creyeran que estaban tratando con una nueva ola de criminalidad, cuando en realidad se trataba de la misma banda que había cambiado su modus operandi.
### Operación Kuroma: Un Esfuerzo Coordinado
La Operación Kuroma comenzó en junio de 2024, cuando los agentes de la Guardia Civil comenzaron a sospechar que una misma organización estaba detrás de una serie de robos de cobre en un corto período de tiempo. En apenas 48 días, se registraron 37 robos, lo que llevó a un despliegue masivo de recursos para investigar y desmantelar la red.
La complejidad de la operación requirió la colaboración de las autoridades rumanas, dado que muchos de los miembros de la banda eran originarios de Rumanía. La desarticulación de la organización se llevó a cabo en tres fases. En la primera fase, se desmantelaron dos células y se detuvo a once miembros cuando regresaban de cometer robos. Posteriormente, se realizaron registros en domicilios de Getafe, donde se arrestaron a otros seis integrantes. Finalmente, la tercera fase culminó con la detención de cuatro personas, incluyendo a un individuo encargado de la venta de los bienes robados.
Los detenidos, cuyas edades oscilan entre los 20 y 33 años, enfrentan múltiples cargos, incluyendo pertenencia a organización criminal, robo con fuerza y usurpación del estado civil. La mayoría de ellos ya contaba con antecedentes penales, lo que subraya la naturaleza profesional y organizada de la banda.
La Guardia Civil ha enfatizado que la lucha contra el robo de cobre es una prioridad, no solo por el valor económico del metal, sino también por el impacto que estos delitos tienen en la infraestructura y los servicios públicos. La recuperación de más de 20 toneladas de cobre es un paso significativo hacia la reducción de este tipo de criminalidad, pero también pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia constante en las instalaciones vulnerables.
La comunidad afectada ha expresado su preocupación por la seguridad y ha solicitado un aumento en la vigilancia para prevenir futuros robos. La Guardia Civil ha respondido a estas inquietudes, asegurando que continuarán trabajando para desmantelar redes criminales y proteger a los ciudadanos de estos delitos que afectan la vida diaria y la seguridad de las comunidades.
