Una reciente operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado al desmantelamiento de una red de trata y explotación sexual que operaba en varias provincias del Levante español, incluyendo Valencia, Alicante, Murcia y Málaga. La operación, que tuvo lugar el 10 de junio de 2025, ha revelado detalles inquietantes sobre la magnitud de la actividad delictiva y la implicación de figuras políticas en la trama.
Durante los registros realizados en diversas propiedades, los agentes encontraron pruebas que apuntan a la existencia de una compleja red de explotación que, según las investigaciones, podría haber estado funcionando durante años. Uno de los momentos más impactantes de la operación fue el allanamiento en la vivienda del exministro José Luis Ábalos, donde se encontró a una mujer que intentó ocultar un disco duro durante la intervención policial. Este disco duro, que se cree contiene información crucial sobre la red, fue uno de los principales objetivos de la UCO durante el registro.
### La Implicación de Figuras Políticas
La investigación ha puesto en el centro de la atención a José Luis Ábalos, quien fue sorprendido en su hogar con la mujer que intentó ocultar el disco duro. Las actas de la Guardia Civil indican que la mujer, identificada como Anaís D.G., se presentó en varias plataformas como modelo y dependienta. Durante el registro, Ábalos solicitó permiso a los agentes para que ella pudiera salir de la vivienda, alegando que necesitaba sacar al perro. Sin embargo, la situación se tornó sospechosa cuando los agentes observaron que Anaís llevaba algo oculto en su pantalón.
El disco duro incautado es considerado un elemento clave en la investigación, ya que se espera que contenga información que podría vincular a Ábalos y otros implicados con la red de trata. Además, se llevaron un total de 34 dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles, ordenadores y memorias USB, que ahora serán analizados por los investigadores. La UCO ha indicado que el análisis de estos dispositivos podría llevar meses, dada la cantidad de información que se espera encontrar.
La trama también involucra a Santos Cerdán, un empresario que supuestamente posee el 45% de una empresa navarra que se benefició de adjudicaciones irregulares. Documentos encontrados durante los registros sugieren que Cerdán ha estado involucrado en actividades ilícitas relacionadas con la construcción y la obtención de contratos públicos. La empresa en cuestión, Servinabar 2000, ganó un contrato de 62,8 millones de euros para duplicar los túneles de Belate en Navarra, lo que ha suscitado numerosas denuncias de irregularidades.
### Detalles de la Operación
La operación de la UCO no solo se limitó al registro de la vivienda de Ábalos. Se llevaron a cabo múltiples allanamientos en diferentes localidades, incluyendo Elorrio, donde se encontró documentación que prueba la conexión de Cerdán con la empresa Servinabar. Este descubrimiento ha llevado a los investigadores a profundizar en las relaciones entre políticos y empresarios en la obtención de contratos públicos.
Los registros también revelaron un esquema manuscrito que incluía el nombre de Ábalos, lo que añade más peso a las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. La UCO ha indicado que el contenido de los documentos y dispositivos incautados podría ser fundamental para desentrañar la red de trata y sus conexiones políticas.
La situación ha generado un gran revuelo en la opinión pública, con llamados a una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. La implicación de figuras políticas en actividades delictivas ha llevado a un debate sobre la necesidad de reformas en el sistema de adjudicación de contratos públicos y la vigilancia de las relaciones entre el sector privado y el gobierno.
La UCO continúa su investigación, y se espera que en los próximos meses se revelen más detalles sobre la red de trata y las conexiones políticas que han permitido su funcionamiento. La magnitud de este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de una respuesta contundente por parte de las autoridades para combatir la trata de personas y la corrupción en el ámbito político.
