Un cartel con el rostro de Kilmar Ábrego García fue el centro de atención en una protesta que tuvo lugar el 15 de abril en Bogotá, donde se exigía su liberación. Este salvadoreño, deportado de manera ilegal por el Gobierno de Estados Unidos a una prisión en El Salvador, ha sido devuelto recientemente a su país natal, donde enfrentará serios cargos criminales por transporte de migrantes indocumentados. La situación de Ábrego ha puesto de manifiesto las tensiones entre la Administración de Donald Trump y el poder judicial, generando lo que algunos expertos consideran una «crisis constitucional».
La deportación de Ábrego fue considerada ilegal por el Tribunal Supremo y un tribunal de primera instancia, que dictaron órdenes para su regreso. Sin embargo, las autoridades estadounidenses se negaron a cumplir con estas órdenes, lo que ha suscitado un debate sobre el respeto a la ley y los derechos de los migrantes. Este viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que ha presentado cargos contra Ábrego por haber supuestamente transportado a migrantes indocumentados desde Texas hacia Maryland y otros estados desde 2017 hasta este año. Los cargos se derivan de un encuentro de Ábrego con agentes de policía en Tennessee en 2022, y si es hallado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión.
Para facilitar el retorno de Ábrego, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que se presentó una orden de arresto al Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Este movimiento ha sido criticado por los abogados de Ábrego, quienes han calificado los cargos de «infundados» y han acusado a la Administración Trump de abuso de poder. Según el abogado Simón Sandoval-Moshenberg, el debido proceso implica tener la oportunidad de defenderse antes de ser castigado, no después.
### La Red de Tráfico de Personas
Los cargos presentados contra Kilmar Ábrego incluyen conspiración para transportar migrantes indocumentados y transporte ilegal de personas sin estatus legal en el país. Las autoridades han señalado que Ábrego, junto con otros cinco cómplices, operaba una red de tráfico de personas que trasladaba migrantes provenientes de Centroamérica y Ecuador desde Texas, tras cruzar irregularmente la frontera. Esta red, según los fiscales, tenía vínculos con la pandilla salvadoreña MS-13 y recogía a los migrantes en Houston para transportarlos a diferentes ciudades de Estados Unidos.
Se estima que Ábrego realizó cerca de 100 viajes de este tipo entre 2016 y 2025. En 2022, la policía de Tennessee detuvo a Ábrego mientras conducía un vehículo con ocho personas, sospechando que estaba transportando migrantes. Sin embargo, en ese momento no se presentaron cargos en su contra. La situación ha generado un gran revuelo, especialmente entre los defensores de los derechos humanos, quienes ven en este caso un ejemplo de los abusos que han sufrido muchos migrantes bajo la Administración Trump.
La defensa de Ábrego ha argumentado que su cliente huyó de El Salvador debido a las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron de la pandilla Barrio 18. Este contexto ha llevado a que su caso adquiera notoriedad entre los opositores al Gobierno de Trump y grupos en defensa de los derechos humanos, convirtiéndose en un símbolo de las políticas de deportación masiva que se implementaron durante su mandato.
### Campaña Mediática y Derechos Humanos
En respuesta a la creciente atención mediática sobre el caso de Ábrego, el Gobierno de Estados Unidos ha lanzado una campaña para vincularlo con la pandilla MS-13, a pesar de que hasta ahora no había sido acusado de ningún delito en el país. Este enfoque ha sido criticado por muchos, quienes argumentan que se trata de una estrategia para desviar la atención de las irregularidades en su deportación y el tratamiento que ha recibido.
Kilmar Ábrego es uno de los más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, que fueron expulsados de Estados Unidos y enviados a una prisión de alta seguridad en El Salvador sin posibilidad de apelar sus casos ante un tribunal. Esta situación ha sido calificada por grupos de derechos humanos como «desaparición forzada». Estados Unidos llegó a un acuerdo con el Gobierno de Bukele para enviar a migrantes detenidos en su territorio hacia el CECOT, una prisión conocida por las denuncias de abusos a los derechos humanos.
Como parte de este acuerdo, Washington se comprometió a pagar a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener su sistema carcelario. La situación de Kilmar Ábrego y otros migrantes pone de relieve las complejidades y desafíos que enfrentan aquellos que buscan una vida mejor, así como las implicaciones de las políticas migratorias en la región. La historia de Ábrego es un recordatorio de que detrás de cada caso hay seres humanos cuyas vidas están marcadas por la búsqueda de seguridad y dignidad.
