El caso de Juan Ramón Climent Viguer, asesinado a traición en su hogar, ha sacudido a la comunidad de l’Eliana. La brutalidad del crimen, que se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2021, ha llevado a la hija de la víctima a solicitar la máxima pena posible para el acusado, Sergio A. L., quien era el exnovio de su hija. Este asesinato, que se clasifica como un crimen machista, ha puesto de relieve la vulnerabilidad de las víctimas y la necesidad de una respuesta judicial contundente ante la violencia de género.
### Un Crimen Brutal y Preconcebido
La noche fatídica, Juan Ramón, de 63 años, se encontraba en su casa, ajeno a lo que estaba por suceder. La víctima, que padecía de sordera absoluta, no tuvo oportunidad de defenderse cuando Sergio A. L., de 23 años en ese momento, irrumpió en su hogar. Armado con un cuchillo de 11 centímetros, el acusado le propinó 22 puñaladas, un acto que la Fiscalía ha calificado de asesinato, aunque no ha considerado que se ajuste a los criterios para la prisión permanente revisable.
La defensa del acusado ha argumentado que la sordera de Juan Ramón fue un factor que facilitó el ataque, lo que ha generado un debate sobre la consideración de la vulnerabilidad de las víctimas en casos de violencia machista. La Fiscalía, sin embargo, ha solicitado una pena de 20 años de prisión, argumentando que, aunque el crimen fue brutal, no se cumplen los requisitos para la máxima condena en España.
La relación entre Sergio A. L. y la hija de Juan Ramón había terminado dos años antes del asesinato, pero el acusado había intentado en varias ocasiones reanudar la relación, culpando a Juan Ramón de la ruptura. Este trasfondo emocional ha sido considerado como la motivación detrás del crimen, lo que añade una capa de complejidad al caso.
### La Investigación y el Proceso Judicial
La investigación del asesinato fue llevada a cabo por el grupo de Homicidios de la Guardia Civil, que rápidamente dirigió sus esfuerzos hacia Sergio A. L. tras el crimen. Inicialmente, la hermana de Juan Ramón fue detenida, pero fue liberada al no encontrarse pruebas en su contra. El acusado fue arrestado cuatro días después del asesinato y, tras ser presentado ante la jueza de Instrucción de Llíria, fue enviado a prisión, donde permanece hasta la fecha.
El contexto de violencia machista en el que se desarrolló este caso es alarmante. Sergio A. L. ya tenía antecedentes de denuncias por malos tratos hacia la hija de Juan Ramón, lo que había llevado a la Policía Local a intervenir en varias ocasiones en su hogar. A pesar de estos antecedentes, el sistema judicial no había logrado proteger a la víctima, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de las medidas de protección disponibles para las mujeres en situaciones de riesgo.
La madre de la víctima, que se encontraba en el hogar durante el ataque, no pudo proporcionar testimonio debido a su deterioro cognitivo. Esto ha dejado a la familia de Juan Ramón en una situación de impotencia, ya que la falta de testigos directos complica aún más el proceso judicial. La ausencia de un relato claro de los hechos ha sido utilizada por la defensa del acusado para argumentar en su favor, lo que ha generado indignación en la comunidad y entre los defensores de los derechos de las mujeres.
El juicio contra Sergio A. L. se llevará a cabo en la Ciudad de la Justicia de València, donde se espera que se presenten pruebas y testimonios que arrojen luz sobre las circunstancias del crimen. La presión social por una condena justa es palpable, y muchas voces se han alzado para exigir que se tomen en cuenta todos los factores que rodean este caso, especialmente la violencia de género.
La sociedad está cada vez más consciente de la necesidad de abordar la violencia machista de manera efectiva y de garantizar que las víctimas reciban la protección y el apoyo que merecen. Este caso es un recordatorio doloroso de que aún queda mucho por hacer en la lucha contra la violencia de género y en la búsqueda de justicia para las víctimas.
El impacto de este crimen ha resonado en l’Eliana y más allá, generando un debate sobre la violencia machista y la responsabilidad del sistema judicial en la protección de las víctimas. La comunidad espera que el juicio no solo sirva para hacer justicia por Juan Ramón, sino también para enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la violencia de género y la necesidad de un cambio en la forma en que se abordan estos casos en el futuro.
