La historia de Sandra y Lizeth, dos mujeres colombianas que emigraron a España en busca de una vida mejor, se ha convertido en un triste ejemplo de racismo inmobiliario. Tras huir de situaciones extremas en su país natal, las amigas se encontraron con un panorama hostil en su nuevo hogar, donde el acoso y las amenazas se convirtieron en su día a día. Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar el racismo y la xenofobia en el ámbito de la vivienda, así como la importancia de la justicia en la protección de los derechos de los inmigrantes.
### La llegada a España y el inicio del calvario
Sandra y Lizeth llegaron a España en diciembre de 2021, con la esperanza de dejar atrás el miedo y la violencia que habían vivido en Colombia. Sin embargo, su experiencia en Valencia fue muy diferente a lo que habían imaginado. En junio de 2022, apenas seis meses después de su llegada, comenzaron a alquilar una habitación en la casa de una mujer en Paterna, sin saber que esto marcaría el inicio de una pesadilla.
Al principio, la convivencia parecía ser pacífica. La arrendataria incluso ofreció a una de ellas ayuda con las tareas del hogar tras perder su empleo. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando la hija de la casera, que vivía en el mismo edificio, comenzó a acosar a las inquilinas. Este acoso se manifestó en insultos racistas, amenazas y un comportamiento intimidatorio que se prolongó durante meses.
La hija de la casera, que ya tenía antecedentes penales por acoso, no dudó en utilizar su posición para hacer la vida de Sandra y Lizeth un infierno. Desde mensajes de WhatsApp llenos de insultos hasta agresiones físicas y verbales en la calle, las mujeres vivieron un constante estado de miedo. La situación se volvió tan insostenible que decidieron recurrir a la justicia, presentando una denuncia por delito de odio.
### El proceso judicial y el impacto emocional
El caso de Sandra y Lizeth ha sido llevado a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, donde se han presentado pruebas del acoso sistemático que sufrieron. El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de dos años de prisión para la acusada, argumentando que sus acciones constituyen un delito contra la integridad moral, agravado por el hecho de que las víctimas son extranjeras.
Las mujeres han documentado el acoso, guardando mensajes y pruebas de las amenazas recibidas. Entre los insultos que recibieron se encontraban términos despectivos como «ilegal», «usurpadora» y «mantenida», que reflejan la xenofobia que enfrentan muchos inmigrantes en su búsqueda de un hogar. Además, la acusada llegó a publicar fotos de ellas en su estado de WhatsApp, acompañadas de comentarios denigrantes, lo que intensificó su sufrimiento.
El impacto emocional de esta experiencia ha sido devastador. Una de las mujeres ha tenido que recibir tratamiento psicológico debido a la depresión provocada por el acoso. Ambas han expresado su temor constante de encontrarse con su agresora, quien incluso las amenazó con hacerles daño. La situación ha sido tan grave que Sandra solicitó una orden de alejamiento, buscando protegerse de una amenaza que parecía inminente.
La espera por una resolución judicial ha sido larga y angustiante. Tras varios aplazamientos, las mujeres deberán esperar hasta septiembre para conocer el veredicto del juez. Este caso no solo es un reflejo de la lucha de Sandra y Lizeth, sino que también pone de relieve la necesidad de un cambio en la percepción social hacia los inmigrantes y la urgencia de políticas que protejan sus derechos.
El racismo inmobiliario es un fenómeno que afecta a muchas personas en situaciones similares, y es fundamental que la sociedad tome conciencia de esta problemática. La historia de Sandra y Lizeth es un llamado a la acción, no solo para las autoridades, sino también para la comunidad en general, para que se combatan los prejuicios y se promueva un entorno más inclusivo y respetuoso para todos.
