La gestión de la pandemia en Canarias ha sido objeto de controversia y críticas, especialmente en lo que respecta a la administración de recursos y contratos relacionados con la compra de material sanitario. Recientemente, se han hecho públicas una serie de revelaciones que apuntan a presiones ejercidas por el expresidente canario Ángel Víctor Torres sobre sus funcionarios y otros miembros del Gobierno, con el fin de favorecer a ciertas empresas en la obtención de contratos durante la crisis sanitaria.
Las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desvelado un entramado de comunicaciones entre Torres y Koldo García, un asesor del Ministerio de Transportes, que pone en entredicho las afirmaciones del exmandatario canario sobre su implicación en la gestión de estos contratos. Según los informes, Torres habría utilizado su posición para presionar a sus funcionarios a acelerar pagos y facilitar la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a García, quien, a su vez, estaba recibiendo compensaciones económicas por sus gestiones.
### Presiones y Manipulaciones en la Adjudicación de Contratos
Los audios y mensajes de WhatsApp intercambiados entre Torres y García revelan una serie de maniobras que van más allá de la simple gestión administrativa. En uno de los audios, Torres se muestra decidido a «dar un golpe en la mesa» para asegurar que los pagos por la compra de mascarillas se realicen sin las comprobaciones necesarias, a pesar de las objeciones planteadas por sus propios técnicos. Esta actitud refleja una clara intención de eludir los procedimientos establecidos y priorizar intereses particulares sobre el bienestar público.
La UCO ha documentado más de un centenar de mensajes que evidencian la presión constante que Torres ejercía sobre sus funcionarios. En uno de los mensajes, se escucha a Torres afirmar: «He activado el paso último de comprobación requerido por los servicios técnico/jurídicos del departamento. Lo tenían todo parado». Esta declaración pone de manifiesto la urgencia con la que se intentaba resolver la situación, a pesar de las advertencias sobre la falta de validaciones en los contratos.
Además, se ha revelado que Torres llegó a amenazar con cesar a Ana María Pérez, directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, quien había expresado sus dudas sobre la calidad de las mascarillas adquiridas. Esta presión no solo pone en riesgo la integridad de los procesos administrativos, sino que también plantea serias dudas sobre la ética de las decisiones tomadas en un momento crítico para la salud pública.
### Implicaciones de la Red de Corrupción
El escándalo no se limita a la compra de mascarillas. Las investigaciones han puesto al descubierto un sistema más amplio de corrupción que involucra a varias empresas y funcionarios públicos. Torres, en su afán por favorecer a las empresas de Koldo García, también se vio involucrado en la adjudicación de contratos para pruebas PCR, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia y la legalidad de estos procesos.
Los documentos revelan que Torres no solo estaba en contacto con García, sino que también se comunicaba con otros actores clave en el Gobierno, incluyendo a José Luis Ábalos, exministro de Transportes. En un mensaje, Torres menciona que ha hablado con Ábalos y que hay «buena recepción» para avanzar en la adjudicación de contratos a las empresas de García. Esta red de contactos y la presión ejercida por Torres para favorecer a estas empresas han generado un clima de desconfianza y sospecha en la administración pública.
La situación se complica aún más con la revelación de que Torres llegó a involucrar a Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, en sus intentos por desbloquear las adjudicaciones. En un mensaje a García, Torres expresa su intención de tener una reunión con Sánchez y otros ministros para abordar las reticencias que enfrentaba en la gestión de los contratos. Esta estrategia revela la profundidad de la implicación de Torres en el entramado de corrupción y su disposición a utilizar su influencia para lograr sus objetivos.
Las consecuencias de estas revelaciones son significativas. La confianza en la administración pública se ve seriamente afectada, y la ciudadanía exige respuestas claras sobre la gestión de los recursos durante la pandemia. La UCO continúa investigando el caso, y se espera que se tomen medidas para esclarecer la situación y sancionar a los responsables de cualquier irregularidad.
La crisis sanitaria ha puesto de relieve la importancia de la transparencia y la ética en la gestión pública. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se han utilizado los recursos destinados a la salud y qué medidas se están tomando para garantizar que situaciones como esta no se repitan en el futuro. La presión social y la exigencia de rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que se actúe en beneficio del interés público.
