La reciente investigación sobre un caso de fraude en València ha revelado una trama inquietante que involucra a cuatro funerarios acusados de apropiarse de un cadáver con el fin de lucrarse a través de su venta a una universidad. Este escándalo ha captado la atención de la Fiscalía, que ha solicitado una pena de ocho años de prisión para los implicados, quienes habrían falsificado documentos para llevar a cabo sus acciones delictivas.
La historia comienza con el fallecimiento de Joseph Pierre Jacques, un ciudadano francés de avanzada edad que vivía en una residencia de ancianos en Albal. Tras su muerte, los responsables del Hospital La Fe denunciaron la desaparición del cuerpo, lo que llevó a la Policía Nacional a iniciar una investigación que culminaría en la desarticulación de un entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres. La operación, conocida como Thanatos, destapó un oscuro negocio que se aprovechaba de la vulnerabilidad de personas en situaciones precarias.
### La Trama del Fraude
Los acusados, dos propietarios y dos empleados de la funeraria Rivato 1, habrían ideado un plan para obtener beneficios económicos a expensas de un fallecido que, en teoría, había decidido donar su cuerpo a la ciencia. Según el fiscal, los funerarios se presentaron en el mortuorio del hospital, donde uno de ellos, utilizando un nombre falso, solicitó el cadáver de Jacques. Para ello, exhibieron un certificado de defunción en blanco y lograron obtener la documentación necesaria para llevarse el cuerpo.
Una vez en posesión del cadáver, los acusados se dirigieron al Registro Civil de València, donde uno de ellos, haciéndose pasar por amigo del difunto, obtuvo una licencia de sepultura. Mientras tanto, el otro confeccionó un documento que autorizaba la donación del cuerpo a la Universidad Cardenal Herrera (CEU), un acto que incluía una cláusula que prohibía notificar a la familia del fallecido.
El plan se ejecutó con éxito, y el cuerpo fue entregado a la universidad, que pagó 1.331 euros a la funeraria. Sin embargo, los empleados de Rivato 1 no recibieron ninguna compensación por su participación en el fraude, ya que el dinero fue a parar a la cuenta de la empresa. Este acto de deslealtad ha llevado a la Fiscalía a acusar a los cuatro funerarios de falsedad documental, solicitando penas de prisión y multas.
### La Reacción de la Familia y el Proceso Judicial
La situación se complicó cuando, seis días después de la muerte de Jacques, su hija, alertada por el hospital, envió una declaración jurada desde Francia indicando que no podía hacerse cargo del cadáver ni de los gastos del entierro. Esto llevó al hospital a contactar al Ayuntamiento de Albal para gestionar un entierro de beneficencia. Sin embargo, cuando el consistorio envió a una funeraria para recoger el cuerpo, se encontraron con la sorprendente noticia de que el cadáver ya había sido retirado de manera fraudulenta.
El caso ha suscitado un gran interés mediático y ha puesto de relieve la necesidad de una mayor regulación en el sector funerario, así como la importancia de proteger a las personas en situaciones vulnerables. La Fiscalía ha argumentado que, aunque el proceder de los acusados puede considerarse irregular, no se ha encontrado suficiente evidencia para procesar a los funerarios por otros delitos más graves, lo que ha llevado a la decisión de archivar parte de la causa.
El juicio contra los cuatro acusados se llevará a cabo en los próximos meses, y se espera que el proceso arroje más luz sobre las prácticas de la industria funeraria en València. La comunidad está a la expectativa de cómo se desarrollarán los acontecimientos y si se implementarán cambios en la legislación para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.
Este caso no solo pone en entredicho la ética de algunos profesionales del sector funerario, sino que también plantea preguntas sobre la transparencia y la regulación de las donaciones de cuerpos a la ciencia. La sociedad debe reflexionar sobre cómo se manejan estos temas y garantizar que se respeten los derechos y la dignidad de los fallecidos y sus familias.