La gestión de la dana que afectó a la Comunidad Valenciana ha sido objeto de una intensa investigación, especialmente en lo que respecta a la actuación de las autoridades y la documentación relacionada con los eventos del 29 de octubre de 2024. Recientemente, la letrada de la administración de justicia del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha emitido dos diligencias que marcan un hito en el proceso judicial. La más relevante de estas diligencias establece que el 14 de noviembre se llevará a cabo la declaración del asesor de la exconsellera Salomé Pradas, Marco Presa Pasquinucci, quien ha sido convocado debido a la publicación de un video editado que incluye imágenes de la jornada del 29 de octubre, así como otros momentos que no habían sido presentados anteriormente en la causa.
La decisión de citar a Presa se basa en la necesidad de esclarecer la información que se ha manejado en torno a la gestión de la emergencia. Este video, grabado por el propio asesor, contiene imágenes del Cecopi, el Centro de Coordinación de Emergencias, y otros momentos críticos que podrían ser fundamentales para entender la respuesta de las autoridades ante la situación de crisis. La Conselleria de Emergencias había enviado previamente al juzgado de Catarroja un conjunto de videos en septiembre, pero se ha descubierto que algunos materiales relevantes no fueron incluidos en esa entrega, lo que ha llevado a la defensa de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) a solicitar el acceso al material bruto de las grabaciones.
### La importancia de la evidencia audiovisual en la investigación
La evidencia audiovisual se ha convertido en un elemento crucial en la investigación de la dana. La solicitud del abogado de ACPV, Manolo Mata, para que la magistrada de la causa, Nuria Ruiz Tobarra, requiera el material bruto de las grabaciones es un reflejo de la importancia que se le otorga a la documentación visual en la evaluación de la gestión de emergencias. La magistrada ha aceptado esta solicitud, lo que indica que el tribunal está dispuesto a considerar toda la información disponible para tomar decisiones informadas sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
El hecho de que Marco Presa, quien ahora trabaja en Madrid, deba comparecer ante el tribunal y aportar todos los videos que conserve en su dispositivo móvil, subraya la seriedad con la que se está tratando este caso. La posibilidad de que Presa haya entregado previamente el material a la Conselleria de Justicia e Interior al ser cesado añade una capa de complejidad a la situación, ya que podría influir en la disponibilidad de la evidencia necesaria para la investigación.
La letrada de la administración de justicia también ha informado sobre la recepción de escritos de diversas entidades, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), Tragsa y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que se incorporarán a la causa. Esto demuestra un esfuerzo por parte del tribunal para reunir toda la información pertinente que pueda arrojar luz sobre la gestión de la emergencia y las decisiones tomadas durante la crisis.
### La respuesta de las autoridades y la gestión de la emergencia
La respuesta de las autoridades durante la dana ha sido objeto de críticas y análisis. La situación del 29 de octubre de 2024 fue un evento catastrófico que dejó a muchas comunidades en una situación vulnerable. La falta de coordinación y la tardanza en la activación de los protocolos de emergencia han sido señaladas como deficiencias en la gestión de la crisis. La declaración de un bombero del Consorcio Provincial, que estaba programada para el 29 de octubre y se ha reprogramado para el 31 del mismo mes, es un ejemplo de cómo se está tratando de esclarecer los hechos y las decisiones que se tomaron en ese momento crítico.
La jueza de la dana ha afirmado que los barrancos Horteta y Gallego ya habían provocado muertes por ahogamiento antes de que se convocara el Cecopi, lo que pone de relieve la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta más efectiva por parte de las autoridades. Este tipo de declaraciones son fundamentales para entender la magnitud del problema y la responsabilidad de los funcionarios en la gestión de la emergencia.
El proceso judicial en curso no solo busca determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados, sino también establecer un precedente sobre cómo se deben manejar las emergencias en el futuro. La transparencia en la gestión de la información y la rendición de cuentas son esenciales para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la protección y seguridad pública.
A medida que se acerca la fecha de la declaración de Marco Presa, la atención se centra en cómo se desarrollará el proceso y qué implicaciones tendrá para la exconsellera Salomé Pradas y otros funcionarios involucrados. La comunidad espera respuestas claras y acciones que garanticen que situaciones similares no se repitan en el futuro. La gestión de emergencias es un tema crítico que requiere un enfoque proactivo y una coordinación efectiva entre todas las partes involucradas para salvaguardar la vida y el bienestar de los ciudadanos.
