En un reciente informe de la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana, se ha puesto de manifiesto la necesidad de reducir la externalización de resonancias magnéticas a la sanidad privada. Este documento interno, que ha generado un intenso debate político y social, considera que es «conveniente reducir la externalización de 18.893 resonancias magnéticas» de los hospitales Clínico y La Fe de Valencia. La decisión se basa en la evaluación de datos del año 2024 y busca mantener la calidad y mejorar la accesibilidad de las pruebas y asistencia para los pacientes.
La externalización de estas pruebas ha sido objeto de críticas, ya que se considera «excesiva» la derivación al sector privado, especialmente en casos donde las resonancias son necesarias tras mamografías con resultados sospechosos. Este informe ha sido presentado por miembros del partido Compromís, quienes han solicitado la creación de una comisión de investigación en el parlamento para analizar el Programa de Prevención de Cáncer de Mama y las derivaciones a centros privados. En esta comparecencia, se plantearon tres cuestiones fundamentales: conocer las cifras reales del programa de prevención, el número de pruebas derivadas a la sanidad privada y su coste, así como la calidad de los servicios externalizados de Radiología y Radiodiagnóstico.
La creación de esta comisión dependerá del apoyo de Vox, lo que añade un componente político a la situación. Joan Baldoví, uno de los portavoces de Compromís, ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en la gestión de la sanidad pública y ha exigido datos claros sobre el número de mujeres que han sido llamadas para realizarse mamografías.
Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha defendido la auditoría realizada, argumentando que se llevó a cabo a petición de la Generalitat para identificar áreas de mejora en la gestión de la sanidad. Aunque no se ha especificado si se reducirá la derivación a la sanidad privada, el informe ha comenzado con los departamentos de salud que tienen unidades de referencia oncológicas, aunque se prevé que se extienda a otros hospitales.
### La Falta de Transparencia y el Debate Político
La falta de transparencia en la gestión de la sanidad pública ha sido un tema recurrente en el debate político. Carles Esteve, otro de los diputados de Compromís, ha criticado la falta de claridad en los datos proporcionados por la Conselleria de Sanidad, señalando que es fundamental conocer la cantidad exacta de mamografías realizadas y el número de mujeres que han sido contactadas para participar en el programa de prevención del cáncer de mama. Esteve ha calificado la situación como «la punta del iceberg», sugiriendo que el problema podría ser mucho más amplio de lo que se ha revelado hasta ahora.
Además, se ha denunciado que en localidades como Xàtiva y Ontinyent, prácticamente todas las pruebas están siendo derivadas a clínicas privadas, a pesar de que la sanidad pública cuenta con la tecnología y el personal necesario para realizar estas pruebas. Este hecho ha generado un malestar considerable entre los profesionales de la salud y los pacientes, quienes se preguntan por qué se están utilizando recursos públicos para financiar servicios privados cuando la sanidad pública podría ofrecer la misma atención.
La situación se complica aún más con la intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha obligado a la Conselleria de Sanidad a entregar información sobre las facturas y los costos de las derivaciones a la sanidad privada. Esta decisión ha sido vista como un paso hacia la transparencia, aunque muchos críticos argumentan que aún queda mucho por hacer para garantizar que los pacientes reciban la atención que merecen sin depender de la sanidad privada.
### Reacciones y Consecuencias en la Sanidad Pública
La controversia en torno a las resonancias magnéticas ha tenido repercusiones en el ámbito político y social. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha solicitado a las comunidades autónomas, incluida la valenciana, que proporcionen datos sobre los programas de cribado, lo que ha sido rechazado por las autonomías, que consideran que la solicitud es «partidista y sectaria». Este rechazo ha llevado a tensiones entre el gobierno central y las comunidades autónomas, lo que podría afectar la colaboración en el ámbito de la salud pública.
La situación actual ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de cómo se gestionan los recursos en la sanidad pública. La externalización de servicios ha sido una práctica común en muchas comunidades autónomas, pero el debate sobre su efectividad y la calidad de la atención que reciben los pacientes es cada vez más relevante. La presión para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la sanidad pública es más fuerte que nunca, y los ciudadanos están demandando respuestas claras sobre cómo se están utilizando sus recursos.
En este contexto, es crucial que las autoridades sanitarias tomen medidas para garantizar que los pacientes reciban la atención que necesitan sin depender de la sanidad privada. La creación de una comisión de investigación podría ser un primer paso hacia una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de la sanidad pública, pero será fundamental que se tomen decisiones basadas en datos y evidencias, y no en intereses políticos.
La situación de las resonancias magnéticas en la Comunidad Valenciana es un reflejo de un problema más amplio que afecta a la sanidad pública en toda España. La necesidad de garantizar una atención de calidad y accesible para todos los ciudadanos es un desafío que requiere un enfoque colaborativo y una voluntad política firme para abordar las deficiencias existentes en el sistema. Solo a través de un compromiso real con la transparencia y la mejora continua se podrá avanzar hacia una sanidad pública que realmente sirva a los intereses de la población.
