La tragedia ocurrida el 4 de enero de 2022 en la Feria de Navidad de Mislata, donde una niña de 4 años, Vera, perdió la vida tras el accidente de un castillo hinchable, ha dejado una profunda huella en la comunidad y ha desencadenado una intensa búsqueda de justicia por parte de sus padres. Junto a ellos, la familia de Cayetana, otra niña que también falleció en el mismo incidente, ha estado luchando para que se esclarezcan las responsabilidades detrás de este trágico suceso. A través de su abogado, Jorge Carbó, han presentado un recurso ante la Audiencia Provincial, argumentando que el Ayuntamiento de Mislata es culpable por omisión e inacción en la supervisión de la feria y la instalación de las atracciones.
La acusación de los padres se basa en la falta de respuesta del Juzgado de Instrucción 4 de Mislata, que ha sido criticado por su lentitud en la tramitación del caso. Según el abogado, la demora en la respuesta a las diligencias solicitadas ha sido inaceptable, llegando a tardar hasta diez meses en algunos casos. Por ejemplo, las solicitudes para que el concejal de Industria y un técnico jurídico del consistorio declararan como testigos fueron presentadas en julio de 2024, pero no se obtuvo respuesta hasta mayo de 2025. Esta falta de diligencia ha llevado a los padres a cuestionar la efectividad del sistema judicial en la búsqueda de justicia para sus hijas.
### La responsabilidad del Ayuntamiento y la falta de licencias
Uno de los puntos más críticos en este caso es la supuesta falta de licencias adecuadas para la instalación del castillo hinchable. Los padres de Vera sostienen que el Ayuntamiento de Mislata no cumplió con su deber de verificar la correcta instalación y funcionamiento de las atracciones en la feria. Según su abogado, la inacción del consistorio al no exigir una certificación de un Organismo de Certificación Administrativa (OCA) sobre el montaje del castillo hinchable es un claro indicio de negligencia. La falta de una resolución expresa que autorizara la feria y la permisividad para que esta se llevara a cabo sin las debidas garantías de seguridad son elementos que, según la acusación, constituyen un ilícito penal.
La situación se complica aún más con la revelación de que el ingeniero responsable de la supervisión del castillo hinchable no contaba con la certificación necesaria para ejercer como OCA. Este hecho fue confirmado por el propio ingeniero ante el juzgado, lo que pone en tela de juicio la legalidad de la instalación del castillo y, por ende, la responsabilidad del Ayuntamiento en la tragedia. La acusación sostiene que, de haber actuado con la diligencia requerida, las muertes de Vera y Cayetana podrían haberse evitado, ya que se habrían detectado las irregularidades que llevaron al accidente.
### La lucha por la justicia y el papel de la Fiscalía
La lucha de los padres de Vera no solo se centra en la búsqueda de responsabilidades por parte del Ayuntamiento, sino también en la necesidad de que se realice una investigación exhaustiva que arroje luz sobre los hechos. La Fiscalía ha mostrado su apoyo a algunas de las diligencias solicitadas por la familia, lo que indica que hay un interés por parte de las autoridades en esclarecer lo sucedido. Sin embargo, la lentitud del proceso judicial ha generado frustración y desánimo en los padres, quienes sienten que su lucha por justicia se ve constantemente obstaculizada por la burocracia.
El abogado de la familia ha señalado que la inacción del juzgado y la falta de respuestas a las solicitudes de diligencias son un reflejo de un sistema que no está funcionando adecuadamente. La situación se ha vuelto insostenible, y los padres han expresado su deseo de que se tomen medidas concretas para garantizar que este tipo de tragedias no se repitan en el futuro. La lucha por justicia no solo es personal para ellos, sino que también representa un llamado a la acción para que las autoridades locales asuman su responsabilidad en la protección de la seguridad de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, como son los niños.
La historia de Vera y Cayetana es un recordatorio doloroso de la importancia de la seguridad en eventos públicos y la necesidad de que las autoridades actúen con responsabilidad y diligencia. A medida que el caso avanza en los tribunales, los padres de Vera continúan esperando que se haga justicia y que se tomen las medidas necesarias para evitar que tragedias similares ocurran en el futuro.
