La reciente comparecencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha marcado un hito en la lucha contra la corrupción en el país. En un contexto donde la confianza en las instituciones se ha visto erosionada por escándalos y prácticas corruptas, el mandatario ha presentado un ambicioso Plan Estatal que incluye una serie de medidas destinadas a fortalecer la integridad pública y la transparencia en la administración. Este plan, elaborado en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se desglosa en varias áreas clave que buscan abordar de manera integral los problemas de corrupción que han afectado a España.
### Estrategias de Prevención y Control
Una de las principales innovaciones del plan es la creación de la Agencia de Integridad Pública Independiente. Esta oficina se encargará de supervisar y prevenir prácticas corruptas, buscando reducir la ineficiencia que ha surgido de la multiplicidad de organismos existentes. Además, se implementará un endurecimiento en los procedimientos de adjudicación pública, extendiendo las metodologías utilizadas en la gestión de los Fondos Europeos Next Generation a toda la administración estatal. Esto tiene como objetivo asegurar que las adjudicaciones se realicen de manera más rigurosa y transparente.
El uso de la inteligencia artificial también juega un papel crucial en este plan. Sánchez ha anunciado la creación de «mapas de riesgo y de integridad» que, mediante el análisis de datos, permitirán detectar vulnerabilidades y patrones anómalos que puedan indicar fraude. Esta tecnología se integrará en la Plataforma de Contratación del Sector Público, optimizando así la identificación de irregularidades.
Otra medida significativa es la obligación de que las empresas que deseen participar en contrataciones públicas implementen sistemas de compliance contra la corrupción. Esto incluye la firma de «pactos de integridad» para ciertos contratos, lo que refuerza la responsabilidad empresarial en la lucha contra la corrupción.
Además, se establecerán controles patrimoniales anuales y aleatorios para todos los altos cargos de la administración, garantizando que no se obtengan beneficios indebidos durante su mandato. Esta medida busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público.
### Protección de Denunciantes y Fortalecimiento de Sanciones
El plan también aborda la protección de los denunciantes de corrupción, un aspecto fundamental para fomentar la denuncia de irregularidades. Se presentará un anteproyecto de ley que garantizará la confidencialidad de quienes informen sobre casos de corrupción ante las autoridades competentes. Además, se exigirá a las empresas y a la administración pública que establezcan canales internos para facilitar la denuncia de actividades corruptas.
En cuanto a la capacidad sancionadora del Estado, se crearán secciones especializadas en delitos contra la administración pública dentro de los nuevos tribunales de instancia. Esto permitirá que los casos de corrupción sean tratados con mayor celeridad y eficacia. Sánchez ha criticado las «dilaciones calculadas» que a menudo se producen en el sistema judicial, y ha propuesto que las causas que involucren a cargos públicos tengan un carácter preferente y se tramiten de manera sumaria.
La Fiscalía Anticorrupción también recibirá un refuerzo significativo en términos de recursos, lo que permitirá una mejor gestión de los casos de corrupción. Se prevé una reforma del Código Penal que aumentará las sanciones por delitos relacionados con la administración pública, así como la creación de listas negras de empresas condenadas por corrupción, impidiendo que estas puedan seguir contratando con la administración.
Finalmente, se implementarán medidas para la recuperación de bienes robados, aumentando la plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Esto incluye la creación de un sistema de «decomiso preventivo», que permitirá la incautación de bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de una condena previa, evitando así que los responsables puedan ocultar o disponer de los activos antes de que se haga justicia.
El presidente ha subrayado que estas medidas no solo buscan sancionar, sino también crear una cultura de integridad y transparencia en la administración pública. Se llevarán a cabo estudios demoscópicos anuales para evaluar la percepción de la corrupción en la sociedad española, así como campañas de concienciación ciudadana y formación para empleados públicos. Con este enfoque integral, el Gobierno español espera restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y sentar las bases para un futuro más transparente y ético en la política y la administración pública.
