Las recientes protestas en Castilla y León han puesto de manifiesto la creciente insatisfacción de la población con la gestión de los incendios forestales en la región. La situación ha alcanzado un punto crítico, con más de 140.000 hectáreas quemadas y la pérdida de vidas humanas, lo que ha llevado a diversas agrupaciones sociales y políticas a convocar una movilización frente a las Cortes autonómicas. La manifestación se centró en la exigencia de dimisiones y mejoras en la política forestal, destacando la figura del director general de política forestal, José Ángel Arranz, y del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
La concentración, que reunió a agentes medioambientales, brigadistas y ciudadanos preocupados, se caracterizó por gritos de protesta como «Quiñones, dimisión» y «Mañueco, cabrón, trabaja de peón». Estas consignas reflejan el descontento con la falta de recursos y planificación en la lucha contra los incendios. Los manifestantes denunciaron que, a pesar de la gravedad de la situación, la Junta carece de una política efectiva de prevención y gestión de incendios, lo que ha llevado a una crisis que podría haberse evitado.
### La Respuesta del Gobierno Regional
En medio de la presión social, el presidente Mañueco defendió su gestión durante una comparecencia en las Cortes, donde argumentó que desde 2022 se han implementado avances significativos en la lucha contra los incendios. Aseguró que se han triplicado los recursos destinados a la prevención y que el operativo de extinción es el más robusto que ha tenido Castilla y León. Sin embargo, estas afirmaciones fueron recibidas con escepticismo por parte de los manifestantes, quienes argumentan que las medidas adoptadas no han sido suficientes para abordar la magnitud de la crisis.
Mañueco también anunció la próxima aprobación de un decreto para regular la planificación y ordenación forestal en la región, una medida que, según él, ha sido trabajada durante mucho tiempo. Sin embargo, los críticos sostienen que estas acciones llegan demasiado tarde y que la falta de un plan de acción efectivo ha contribuido a la devastación de vastas áreas forestales.
### Demandas de los Manifestantes
Los participantes en la protesta no solo exigieron la dimisión de los responsables políticos, sino que también plantearon la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales y otros trabajadores del operativo de extinción. Muchos de estos profesionales no tienen la catalogación adecuada que les permita acceder a derechos laborales básicos, lo que ha generado un clima de descontento y frustración en el sector.
José Ramón Casado, un agente medioambiental que participó en la manifestación, subrayó que aunque los incendios pueden ser inevitables, no son imprevisibles. En su intervención, destacó la falta de planificación y recursos para garantizar la seguridad de los trabajadores que combaten el fuego, quienes a menudo se enfrentan a condiciones extremas sin el apoyo logístico necesario. La falta de alojamiento y alimentación adecuada durante las largas jornadas de trabajo es una de las quejas más recurrentes entre los brigadistas.
La movilización fue convocada por 18 agrupaciones sociales, políticas y sindicales, lo que demuestra la amplia preocupación que existe en la sociedad sobre la gestión ambiental y la protección de los recursos naturales en Castilla y León. La protesta no solo se centró en la actual crisis de incendios, sino que también puso de relieve la necesidad de una política ambiental más integral y efectiva que aborde las causas subyacentes de estos desastres.
La situación en Castilla y León es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas regiones de España, donde los incendios forestales se han vuelto cada vez más frecuentes y devastadores. La falta de recursos, la ineficacia en la gestión y la necesidad de una mayor concienciación sobre la importancia de la prevención son aspectos que deben ser abordados con urgencia. Las protestas en las Cortes son solo el comienzo de un movimiento que busca exigir cambios significativos en la política forestal y ambiental de la región.
