En València, el Centro de Atención Temporal de Emergencias ha sido escenario de una serie de incidentes que han generado un clima de tensión y preocupación tanto entre los trabajadores como entre los menores no acompañados que allí residen. Recientemente, tres auxiliares de seguridad del centro han sido expedientados por supuestos actos de acoso y agresión hacia los menores, lo que ha llevado a que la situación sea objeto de investigación por parte de la Fiscalía. Este caso ha puesto de manifiesto no solo la fragilidad de la convivencia en estos espacios, sino también la complejidad de las dinámicas sociales que se desarrollan en torno a ellos.
Los hechos que han desencadenado esta crisis comenzaron con una pelea entre grupos de menores, que supuestamente se agredieron entre sí y también a los vigilantes del centro. Sin embargo, las educadoras y el comité de empresa, representado por UGT, han denunciado que la información divulgada por algunos trabajadores expedientados no refleja la realidad de lo sucedido. Según su versión, estos trabajadores han alimentado un clima de hostilidad hacia el personal y los menores, lo que ha resultado en episodios de acoso verbal e intimidación.
### La Respuesta de los Trabajadores y el Comité de Empresa
Las educadoras del centro han expresado su preocupación por la difusión de informaciones que consideran falsas, las cuales han derivado en ataques y acoso por parte de grupos de ultraderecha. En particular, mencionan a España 2000 como uno de los grupos que ha intensificado el acoso hacia el personal y los menores. Este clima de hostilidad no solo afecta a los trabajadores, sino que también pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los menores que están bajo su tutela.
El comité de empresa ha denunciado que los incidentes recientes han sido provocados por los mismos trabajadores que ahora están en el centro de la controversia. Aseguran que la versión que han dado a los medios de comunicación está distorsionada y que su testimonio está contribuyendo a un ambiente de inseguridad. En este sentido, han solicitado a la Conselleria de Servicios Sociales que tome medidas inmediatas para garantizar la seguridad en el centro, incluyendo un refuerzo de los recursos humanos y materiales.
Además, han hecho un llamado a los medios de comunicación para que actúen con responsabilidad social y eviten contribuir a la propagación de bulos que estigmatizan a los menores migrantes y a quienes trabajan por su bienestar. Este tipo de estigmatización puede tener consecuencias graves, no solo para los menores, sino también para la percepción pública de estos centros de acogida.
### La Visita de la Consellera y la Gestión del Centro
Recientemente, la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, realizó una visita al centro, acompañada por representantes de la asociación vecinal del barrio. Durante esta visita, se discutió la situación del centro y se abordaron las preocupaciones de la comunidad local. Sin embargo, los responsables de la asociación afirmaron que la existencia del centro no había generado un aumento en la inseguridad del barrio, lo que contrasta con las narrativas que algunos grupos han intentado promover.
El comité de empresa ha enfatizado que los menores que residen en el centro no están internados ni privados de libertad, sino que su acogida responde a un deber humanitario y legal. Esta distinción es crucial para entender el contexto en el que operan estos centros y la necesidad de proteger a los menores de cualquier tipo de violencia o acoso.
La situación actual ha llevado a la Conselleria a separar a los grupos de menores involucrados en los incidentes para evitar más conflictos. Mientras tanto, los trabajadores expedientados han sido suspendidos de empleo mientras se investiga su comportamiento. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio para asegurar que se tomen las acciones adecuadas en respuesta a las acusaciones de maltrato y para garantizar un entorno seguro para todos los involucrados.
La gestión del centro ha sido adjudicada a la Fundación Antonio Moreno, que tiene la responsabilidad de asegurar que se cumplan los estándares de atención y protección para los menores. Sin embargo, el comité de empresa ha señalado que es fundamental que el perfil profesional de los auxiliares de control educativo incluya una formación específica en derechos de la infancia, para prevenir situaciones de riesgo como las que han surgido recientemente.
En medio de esta crisis, es evidente que la situación en el Centro de Atención Temporal de Emergencias de València refleja un problema más amplio en la gestión de los centros de acogida para menores no acompañados. La combinación de tensiones internas, la presión externa de grupos ideológicos y la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar de los menores plantea un desafío significativo para las autoridades y los trabajadores del sector. La forma en que se manejen estos incidentes no solo afectará a los involucrados directamente, sino que también tendrá repercusiones en la percepción pública de la atención a menores migrantes en la región.
