La reciente tragedia en el río Túria, donde dos jóvenes perdieron la vida en un corto lapso de tiempo, ha desatado un intenso debate sobre la responsabilidad de las administraciones en la gestión de las zonas de baño. Los incidentes ocurrieron en la presa del Azud de la Acequia de Tormos, un lugar que, a pesar de su popularidad entre los bañistas, carece de las medidas de seguridad adecuadas. Este artículo explora las circunstancias que rodean estos trágicos eventos y las implicaciones legales y administrativas que surgen de ellos.
La muerte de los jóvenes ha planteado preguntas críticas sobre la seguridad en las zonas de baño. La familia de uno de los fallecidos sostiene que estas muertes podrían haberse evitado si hubiera habido una señalización adecuada que advirtiera sobre los peligros del lugar. Sin embargo, la normativa vigente parece limitar la responsabilidad de las administraciones, dejando a los bañistas con la carga de decidir si se arriesgan a entrar en el agua. La Ley de Aguas establece que el baño es un uso común y que las administraciones solo pueden disuadir a las personas de bañarse, pero no prohibirlo en zonas de dominio público hidráulico.
A pesar de las advertencias de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana, que ha solicitado la habilitación de zonas seguras con socorristas en ríos, la realidad es que muchos bañistas continúan acudiendo a estos lugares sin la debida precaución. Las administraciones, incluyendo el Ayuntamiento de Manises, la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar, han discutido medidas para mejorar la seguridad, pero la implementación de estas acciones ha sido insuficiente. En marzo, se acordaron medidas conjuntas para disuadir a los bañistas, pero las familias de las víctimas argumentan que no se han visto reflejadas en el terreno.
La falta de señalización adecuada es un punto crítico en este debate. Aunque el Ayuntamiento de Manises ha solicitado la prohibición del baño en la zona, los testimonios de los vecinos y familiares indican que no había advertencias visibles que alertaran sobre los peligros del río. Esta situación plantea la pregunta de si las administraciones están haciendo lo suficiente para proteger a los ciudadanos y turistas que visitan estas áreas. La ausencia de carteles informativos y la falta de vigilancia en el lugar han sido señaladas como fallos graves que contribuyeron a la tragedia.
Por otro lado, la Generalitat Valenciana ha defendido su posición al afirmar que la responsabilidad recae en los ayuntamientos para delimitar las zonas de acceso y garantizar la seguridad. Sin embargo, esta delegación de responsabilidades ha generado confusión y frustración entre los ciudadanos, quienes esperan que las administraciones actúen de manera más proactiva para prevenir futuros incidentes. La conselleria de Medio Ambiente ha indicado que la zona donde ocurrieron los ahogamientos no estaba habilitada para el baño, lo que añade otra capa de complejidad a la situación.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, por su parte, ha argumentado que no tiene competencias en la regulación del baño en esta zona, lo que contradice las afirmaciones del Ayuntamiento de Manises. A pesar de haber instalado paneles de advertencia en el pasado, estos fueron destruidos por las inundaciones, lo que ha llevado a cuestionar la efectividad de las medidas de seguridad implementadas. La CHJ ha elaborado un listado de zonas peligrosas para el baño, pero sorprendentemente, la presa del Azud de la Acequia de Tormos no figura en esta lista, a pesar de ser el lugar donde ocurrieron los ahogamientos.
La situación actual en el río Túria pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de seguridad en las zonas de baño. La falta de coordinación entre las diferentes administraciones y la ambigüedad en la legislación han dejado a los bañistas en una posición vulnerable. Es esencial que se establezcan protocolos claros y se implementen medidas efectivas para garantizar la seguridad de todos los que disfrutan de estos espacios naturales.
La tragedia en el río Túria es un recordatorio doloroso de que la seguridad en las zonas de baño no debe tomarse a la ligera. Las administraciones tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y turistas, y es fundamental que se tomen medidas concretas para evitar que incidentes similares ocurran en el futuro. La colaboración entre las diferentes entidades y la implementación de señalización adecuada son pasos necesarios para garantizar que todos puedan disfrutar de estos espacios de manera segura.
