En un reciente fallo, el Tribunal Supremo ha instado al Estado español a tomar medidas inmediatas para garantizar la protección de mil menores no acompañados que han solicitado asilo en las Islas Canarias. Esta decisión surge tras la constatación de que la administración estatal ha fallado en su deber de proporcionar una acogida adecuada y ha permitido que estos menores se encuentren en una situación de vulnerabilidad extrema.
La situación de los menores asilados en Canarias ha sido objeto de preocupación durante meses. La falta de plazas en el Sistema de Protección Internacional ha dejado a muchos de ellos sin la atención y el apoyo que necesitan. En este contexto, el Tribunal Supremo ha subrayado que la administración no solo ha incumplido las medidas cautelares previamente establecidas, sino que también ha mostrado una falta de compromiso para abordar la crisis de masificación en la tramitación de solicitudes de asilo.
### La Falta de Compromiso del Estado
El fallo del Tribunal Supremo destaca que, a pesar de las advertencias y requerimientos, la administración estatal no ha tomado las acciones necesarias para garantizar el acceso de estos menores a un sistema de acogida adecuado. Los magistrados han señalado que, desde la aprobación de la medida cautelar en marzo, no se ha evaluado a ningún menor y no se ha elaborado un registro completo de los mismos. Esta falta de acción no solo infringe los derechos de los menores, sino que también pone en riesgo su bienestar y seguridad.
Los derechos de los menores solicitantes de asilo son claros y están protegidos por la legislación española y europea. Sin embargo, el Tribunal ha observado que estos derechos no están siendo reconocidos ni garantizados adecuadamente por parte del Estado. La situación es especialmente crítica para aquellos menores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, quienes requieren atención y recursos específicos para su desarrollo y protección.
El Tribunal ha establecido un plazo de 30 días para que el Estado implemente medidas concretas que aseguren la tramitación y resolución de las solicitudes de protección internacional. Esto incluye la dotación de recursos personales y materiales a las oficinas encargadas de estas gestiones, así como la colaboración con el gobierno de Canarias para facilitar el acceso de los menores a un sistema de acogida integral.
### Medidas Específicas Ordenadas por el Tribunal
En su auto, el Tribunal Supremo ha delineado cuatro medidas específicas que el Estado debe adoptar de manera urgente. En primer lugar, se requiere que en un plazo improrrogable de 30 días se proporcionen los recursos necesarios para que las solicitudes de protección internacional sean tramitadas de manera eficiente. Esto implica que no debe transcurrir más de seis días desde que un menor manifiesta su intención de solicitar asilo hasta que su solicitud sea formalizada.
En segundo lugar, el Tribunal ha ordenado que en un plazo de 15 días se establezca una colaboración efectiva con el gobierno de Canarias. Esto incluye la provisión de recursos materiales, personales y económicos que permitan garantizar que los menores tengan acceso a un sistema de acogida adecuado. La falta de recursos ha sido un obstáculo significativo en la atención a estos menores, y el Tribunal ha enfatizado la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva.
Además, se ha solicitado que se identifiquen a los responsables de cumplir con estas medidas en cada uno de los ministerios implicados. La rendición de cuentas es fundamental para asegurar que las acciones se lleven a cabo de manera efectiva y que no se repitan los errores del pasado.
Finalmente, el Tribunal ha establecido que se debe presentar un informe detallado cada 15 días sobre el cumplimiento de estas medidas, advirtiendo que se adoptarán medidas coercitivas si no se atienden los requerimientos establecidos. Esta advertencia subraya la seriedad de la situación y la urgencia de actuar para proteger a los menores en riesgo.
La intervención del Tribunal Supremo es un paso crucial para abordar la crisis de los menores asilados en Canarias. La situación actual no solo es una cuestión de derechos humanos, sino también un reflejo de la responsabilidad del Estado en la protección de los más vulnerables. La implementación efectiva de las medidas ordenadas por el Tribunal será fundamental para garantizar que estos menores reciban la atención y el apoyo que necesitan para su desarrollo y bienestar.
