La reciente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la Comunidad Valenciana ha dejado una huella imborrable en la infraestructura vial de la región. Las intensas lluvias y las riadas del 29 de octubre han modificado drásticamente la morfología del territorio, obligando a las autoridades a replantear el diseño y la ubicación de numerosas carreteras. Este fenómeno meteorológico ha tenido un impacto devastador, afectando a más de 1.100 kilómetros de carreteras en varias comarcas valencianas.
La diputada de Carreteras de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, ha señalado que la situación es crítica y que se requiere una inversión significativa para restaurar las vías afectadas. Un ejemplo claro de esta problemática es la carretera Cheste-Loriguilla (CV-330), donde la crecida del río Poyo ha arrastrado un tramo completo de la carretera, dejándola dentro del nuevo barranco formado por las lluvias. Mazzolari ha indicado que la solución no es simplemente reparar la carretera en su ubicación original, sino que es necesario un proyecto de ejecución que incluya estudios previos, expropiaciones y la construcción de una nueva carretera en un lugar más seguro.
### Desafíos en la Reconstrucción de Carreteras
La magnitud de los daños ha llevado a que el presupuesto inicial para la reparación de carreteras y la reconstrucción de puentes se triplique, pasando de 54 millones a 81 millones de euros. Este aumento se debe a la necesidad de realizar trabajos más complejos de lo que se había previsto inicialmente. En la demarcación de Villar del Arzobispo, por ejemplo, la carretera que conecta Requena con Villar ha sufrido daños severos, especialmente en Sot de Chera, donde la carretera ha desaparecido por completo, dejando un meandro del río en su lugar. Para reconstruirla, se estima que será necesario elevar la carretera hasta 12 metros, lo que implica un costo de más de 6 millones de euros solo para 4 kilómetros de vía.
La diputación ha abierto cinco contratos de emergencia para abordar la situación en cada una de las demarcaciones afectadas. Mazzolari ha defendido que la valoración inicial de los daños fue honesta y que los contratos se han gestionado adecuadamente, aunque la magnitud de la DANA ha superado las expectativas y ha cambiado la morfología del terreno de manera drástica. A pesar de las dificultades, la diputación continúa trabajando en la evaluación de los daños y en la planificación de las obras necesarias para restablecer la conectividad vial en la región.
### La Respuesta del Gobierno y el Futuro de la Infraestructura
El Gobierno ha asumido la responsabilidad de financiar la reconstrucción de todos los daños de competencia municipal, lo que representa una inversión sin precedentes de más de 1.700 millones de euros. Sin embargo, la diputación ha solicitado una ampliación de las ayudas para cubrir el incremento de costos que ha surgido tras una evaluación más detallada de los daños. Hasta el momento, no ha habido respuesta por parte del Gobierno, aunque se ha indicado que se están haciendo esfuerzos para ayudar a las comunidades afectadas.
La situación actual plantea un desafío significativo para las autoridades locales, que deben equilibrar la necesidad de restaurar la infraestructura vial con la urgencia de garantizar la seguridad de los ciudadanos. La reconstrucción de carreteras no solo es una cuestión de restaurar el tráfico, sino también de asegurar que las nuevas infraestructuras sean resilientes ante futuros eventos climáticos extremos. La experiencia de la DANA ha dejado claro que el cambio climático está afectando la forma en que se deben planificar y construir las infraestructuras, y es probable que se requieran enfoques innovadores y sostenibles para abordar estos desafíos en el futuro.
La transformación de la red vial en Valencia es un proceso que no solo implica la reconstrucción física de las carreteras, sino también una reevaluación de cómo se gestionan y planifican las infraestructuras en un contexto de cambio climático. La colaboración entre las autoridades locales y el Gobierno será crucial para asegurar que se tomen las decisiones correctas y se implementen las soluciones adecuadas para proteger a la comunidad y su infraestructura en los años venideros.
