La ley 20/2021, aprobada el 28 de diciembre de 2021, marcó un hito en la lucha contra la temporalidad en el empleo público en España. Esta normativa, impulsada por el Gobierno de España, tenía como objetivo reducir la tasa de temporalidad estructural en las Administraciones Públicas a menos del 8%. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha límite establecida para la implementación de esta ley, los datos revelan un panorama preocupante en la Generalitat Valenciana, donde la temporalidad ha alcanzado niveles alarmantes.
### La Realidad de la Temporalidad en la Generalitat Valenciana
Según el último informe de la Sindicatura de Comptes, a finales de 2024, de las 168.563 personas empleadas en la Generalitat, 86.202 eran temporales, lo que representa un 51,1% de la plantilla. Esta cifra es más de seis veces superior al objetivo del 8% establecido por la ley 20/2021. La situación es especialmente crítica en el sector de la Sanidad, donde la tasa de temporalidad se sitúa en un asombroso 72,4%. Esta tendencia ha ido en aumento desde la entrada en vigor de la ley, con tasas del 67% en 2021, 69,2% en 2022 y 71,6% en 2023.
La justificación que ofrece la Conselleria de Sanidad para esta elevada temporalidad se basa en la naturaleza del sector, que requiere cubrir ausencias de profesionales de manera constante. La pandemia de COVID-19 exacerbó esta situación, obligando a aumentar temporalmente las plantillas y generando un círculo vicioso de interinidad. Además, el agotamiento y las jubilaciones anticipadas han contribuido a la necesidad de recurrir a contratos temporales.
En otros sectores, como el educativo y el de justicia, las tasas de interinidad son más bajas, situándose en un 30,9% y un 35,1% respectivamente. Sin embargo, estas cifras siguen estando muy por encima del objetivo legal. Es importante señalar que, al momento de la elaboración del informe, muchos procesos de estabilización estaban aún en curso, lo que podría significar que la reducción de la temporalidad no se refleje completamente en los datos actuales.
### Desafíos y Estrategias para la Reducción de la Temporalidad
A pesar de la implementación de la ley 20/2021, la Generalitat ha continuado utilizando la contratación temporal. En 2023, la tasa de temporalidad se encontraba en un 49,6%, lo que indica que, a pesar de los esfuerzos, la situación no ha mejorado significativamente. Las limitaciones en la tasa de reposición y las ofertas públicas de empleo que no satisfacen las necesidades reales de la administración son factores que han contribuido a esta problemática. Las fuentes sindicales advierten que, aunque la ley de 2021 podría reducir la interinidad estructural, es poco probable que logre disminuir la temporalidad global.
El plan estratégico de recursos humanos de la Generalitat para 2024-2027 reconoce el problema de la temporalidad, que ha aumentado un 108% en la última década, pasando del 35,3% al 55%. En respuesta a esta situación, el gobierno, bajo la dirección de Carlos Mazón, consideró implementar medidas como la unificación de exámenes para las oposiciones, con el fin de evitar que los aspirantes obtuvieran múltiples puestos y, por ende, dejaran vacantes que debían ser cubiertas por interinos. Sin embargo, esta propuesta fue desestimada tras consultas con los sindicatos.
La ambición de la Generalitat para reducir la temporalidad es evidente, pero los resultados hasta ahora han sido decepcionantes. En una entrevista reciente, el director general de Función Pública, Javier Lorente, estableció el objetivo de reducir los índices de temporalidad a entre un 13% y un 15% para 2024, con la meta de alcanzar el 8% exigido por la Unión Europea para 2025. Sin embargo, los datos actuales sugieren que este objetivo podría ser difícil de alcanzar.
La situación de la temporalidad en el empleo público en la Generalitat Valenciana es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas administraciones en España. La necesidad de encontrar un equilibrio entre la cobertura de necesidades inmediatas y la creación de un empleo público estable y de calidad es un desafío que requiere atención urgente. La implementación efectiva de la ley 20/2021 y la adopción de estrategias innovadoras serán cruciales para abordar esta problemática y garantizar un futuro más estable para los empleados públicos en la Comunidad Valenciana.
