En un emotivo acto celebrado frente al Palau de la Generalitat, representantes de la Associació de Víctimes de la Dana del 29 de octubre de 2024 expresaron su descontento y exigencias al gobierno valenciano. La presidenta de la asociación, Mariló Gradolí, junto a otros miembros, reclamaron ser incluidas en la lista de comparecientes de la comisión de investigación de las Corts, un paso que consideran esencial para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y necesidades. Este evento se produce en un contexto donde la relación entre las víctimas y el gobierno ha sido tensa, marcada por un sentimiento de menosprecio y abandono por parte de las autoridades.
La manifestación, que tuvo lugar el miércoles, fue un llamado a la acción y a la visibilidad de las víctimas, quienes han pasado de ser ignoradas a recibir cierto reconocimiento a nivel institucional, tanto en la Comisión Europea como en el Gobierno de España. Sin embargo, este avance no ha sido suficiente para calmar el clamor de justicia que resuena entre los afectados. Gradolí enfatizó que no habrá acercamiento con el presidente Carlos Mazón hasta que se reconozca oficialmente su situación y se les incluya en los procesos de investigación pertinentes. La frustración de las víctimas se hizo palpable, especialmente cuando se mencionó que Mazón no estaba presente en el acto, lo que fue interpretado como una falta de respeto hacia quienes han sufrido pérdidas irreparables.
La presencia de Beatriz Garrote, expresidenta de la Asociación de Víctimas del Metro, añadió un peso emocional al evento. Garrote, quien ha vivido una experiencia similar tras el trágico accidente de 2006, compartió su solidaridad con las víctimas de la Dana y subrayó las similitudes entre ambas tragedias. «Nos duele mucho ver cómo la historia se repite; otra vez un gobierno valenciano del PP no se toma en serio la seguridad de las personas», afirmó Garrote, visiblemente afectada. Su intervención resonó entre los asistentes, quienes corearon consignas pidiendo la dimisión de Mazón, reflejando el descontento generalizado hacia su gestión.
Las demandas de la asociación son claras y urgentes. Entre ellas se encuentran la organización de un funeral de Estado, la adaptación de infraestructuras para hacer frente al cambio climático, y la garantía de apoyo psicológico para los familiares de las víctimas. Además, exigen que se revisen los protocolos de emergencia y que las autoridades se comprometan a visitar las zonas afectadas junto a las víctimas. La situación es crítica, y las palabras de Toñi, madre de dos de los fallecidos en la tragedia, encapsulan el dolor y la frustración de quienes han perdido a sus seres queridos. Con lágrimas en los ojos, relató cómo, mientras ella cumplía con sus obligaciones fiscales en la Delegación de la Agencia Tributaria, Mazón continuaba en su puesto sin rendir cuentas por la tragedia.
La presión sobre el gobierno valenciano ha aumentado, especialmente tras la reciente visita de Ursula von der Leyen y el reconocimiento de las instituciones europeas. Las víctimas sienten que este reconocimiento ha sido un catalizador para que el gobierno finalmente preste atención a sus demandas, aunque aún queda un largo camino por recorrer. La presidenta Gradolí subrayó que el apoyo de la comunidad y la solidaridad entre las víctimas son fundamentales para seguir adelante en la lucha por justicia.
La situación actual en València es un reflejo de la lucha por la dignidad y el reconocimiento de las víctimas de desastres naturales. La Associació de Víctimas de la Dana del 29 de octubre de 2024 no solo busca justicia por sus pérdidas, sino también un cambio en la forma en que las autoridades gestionan las emergencias y apoyan a quienes han sido afectados. La historia de estas víctimas es un recordatorio de la importancia de la responsabilidad gubernamental y la necesidad de un enfoque más humano y empático en la gestión de crisis.
A medida que las voces de las víctimas se alzan con más fuerza, la presión sobre el gobierno valenciano para actuar de manera efectiva y responsable se intensifica. La lucha por el reconocimiento y la justicia continúa, y las víctimas de la Dana están decididas a no ser olvidadas. En un momento en que la memoria de sus seres queridos está en juego, su determinación es un testimonio del poder de la comunidad y la resiliencia ante la adversidad.
