La Renta Valenciana de Inclusión (RVI) ha experimentado un notable descenso en el número de beneficiarios en la Comunidad Valenciana, según un reciente informe del Instituto Valenciano de Estadística (IVE). Este estudio revela que, entre finales de 2024 y principios de 2025, más de 7,500 valencianos han dejado de recibir esta ayuda, lo que representa una disminución del 9,3%. En el último trimestre de 2024, 80,793 personas eran beneficiarias de la RVI, mientras que en el primer trimestre de 2025, esa cifra se redujo a 73,265.
Los datos se desglosan en tres categorías: titulares, beneficiarios y destinatarios. Los titulares son aquellos que solicitan y reciben la ayuda a su nombre, los beneficiarios son las personas que se benefician indirectamente de esta ayuda, como hijos o parejas, y los destinatarios son la suma de ambos grupos. El informe indica que ha habido una reducción de 3,324 titulares, pasando de 39,076 en el último trimestre de 2024 a 35,752 en el primer trimestre de 2025.
Esta disminución es especialmente preocupante en la provincia de Valencia, donde 4,279 personas han dejado de contar con la RVI, de las cuales 1,733 residen en los municipios que fueron afectados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que devastó la región el 29 de octubre. Entre los municipios más impactados se encuentran Paterna y Torrent, que han perdido 283 y 204 destinatarios, respectivamente. Sin embargo, también hay localidades que han visto un aumento en el número de beneficiarios, como Paiporta, Silla y Bétera.
Uno de los factores que ha contribuido a esta reducción en el número de beneficiarios es la revalorización del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ha absorbido a muchos de los que anteriormente recibían la RVI. La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha reconocido esta situación y está trabajando en una modificación de la ley que regula la RVI para evitar que se repita. Según el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, la nueva ley permitirá revalorizar las cuantías de la RVI no solo en función del IPC, sino también a propuesta de la conselleria competente.
La revalorización del IMV, que se aprobó a finales de 2024 con un incremento del 9%, ha tenido un impacto significativo en las familias que dependen de estas ayudas. Desde el 1 de enero de 2025, las personas y familias que reciben el IMV han visto un aumento en su ayuda, lo que ha llevado a que muchas unidades de convivencia más grandes se beneficien principalmente del IMV, dejando a la RVI con un número creciente de unidades unipersonales.
La RVI fue implementada en la Comunidad Valenciana en diciembre de 2017 con el objetivo de garantizar ingresos mínimos a la ciudadanía, un propósito que también comparte el IMV, diseñado por el Gobierno central durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a pesar de su similitud, la RVI se percibe como un complemento al IMV, lo que ha llevado a confusiones y a la pérdida de beneficiarios en el sistema.
El impacto de esta situación es profundo, ya que las familias que dependen de estas ayudas son las más afectadas. La reducción en el número de beneficiarios indirectos se debe a que las unidades de convivencia más grandes están siendo atendidas casi exclusivamente por el IMV, mientras que la RVI se queda con un número cada vez menor de beneficiarios. Esto plantea un desafío significativo para las políticas de inclusión y apoyo social en la región.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de una revisión y actualización de las políticas de ayudas sociales en la Comunidad Valenciana. La modificación de la ley de la RVI, que se prevé para junio, podría ser un paso importante hacia la mejora de la situación de aquellos que dependen de estas ayudas. La actualización de las cuantías y la posibilidad de revalorizarlas de manera más flexible son medidas que podrían ayudar a reducir la brecha de pobreza y asegurar que las familias más vulnerables reciban el apoyo que necesitan.
En resumen, la reducción en el número de beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión es un reflejo de la compleja interacción entre diferentes ayudas sociales y la necesidad de una política más coherente y adaptativa que responda a las realidades cambiantes de la población. La atención a las familias afectadas y la revisión de las políticas de inclusión son esenciales para garantizar que nadie quede atrás en el acceso a los recursos necesarios para vivir dignamente.
