En un reciente desarrollo judicial en Las Palmas de Gran Canaria, se ha determinado que el incendio ocurrido en La Isleta, que dejó a una menor gravemente herida, fue de origen accidental. Esta conclusión fue alcanzada por el Juzgado de Instrucción número 3, a través de un auto emitido el pasado martes. El magistrado Tomás Martín ha decidido liberar al investigado, quien había estado en prisión preventiva, al no encontrar indicios de un ataque intencionado. Sin embargo, se mantienen ciertas medidas de control mientras se investiga si el fuego pudo haber sido causado por imprudencia.
La situación se remonta al 16 de julio, cuando la menor sufrió quemaduras severas. Inicialmente, el joven que pernoctaba en la casa ocupada donde se produjo el incendio fue acusado de lesiones graves. Un informe médico preliminar sugirió que las quemaduras podrían haber sido provocadas por un líquido inflamable. Esta hipótesis llevó a la detención del joven, pero a medida que avanzó la investigación, la narrativa comenzó a cambiar.
La propia víctima, en su declaración ante la Policía, corroboró la versión del investigado, afirmando que el incendio fue accidental. Esta declaración fue grabada y está pendiente de ratificación judicial. Además, la reconstrucción del incidente realizada por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional no encontró pruebas de intencionalidad, lo que llevó a una reevaluación del caso.
Los informes médicos posteriores también han puesto en duda la teoría de que la menor fue rociada con un líquido inflamable. En su declaración, la víctima negó esta posibilidad, lo que refuerza la idea de que el incendio fue un accidente. El informe del Cuerpo de Bomberos y las conclusiones de la Policía Científica apoyan esta teoría, sugiriendo que el joven actuó para ayudar a la menor durante el incidente.
El magistrado, al revisar el caso, destacó un video en el que se observa a la menor y al investigado abrazándose después de salir del inmueble, lo que interpretó como un signo de cooperación en la evitación del peligro. A pesar de este cambio en la narrativa, la investigación sigue abierta, y el juez ha señalado la necesidad de determinar si hubo alguna imprudencia por parte del investigado que pudiera haber contribuido al inicio del fuego.
La decisión de liberar al investigado con medidas de control se basa en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que la prisión provisional solo es válida cuando hay indicios racionales de criminalidad. En este caso, el juez concluyó que la hipótesis de un ataque doloso ha sido desvirtuada por las declaraciones y los informes técnicos. Las medidas de control incluyen la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado y la prohibición de salir de la isla, mientras que el investigado sigue siendo considerado como tal hasta que se aclare su posible responsabilidad.
Este caso ha suscitado un gran interés en la comunidad local, no solo por la gravedad de las lesiones sufridas por la menor, sino también por las implicaciones legales que podrían derivarse de la investigación. La situación ha puesto de relieve la importancia de una investigación exhaustiva y objetiva, que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades adecuadas.
La atención mediática y pública sobre este caso también ha resaltado la necesidad de abordar la seguridad en viviendas ocupadas, donde la falta de regulación puede llevar a situaciones peligrosas. La comunidad espera que se tomen medidas para prevenir futuros incidentes similares y garantizar la seguridad de todos los residentes.
El desarrollo de este caso continúa siendo monitoreado de cerca, y se espera que en los próximos días se tomen decisiones adicionales en relación con las medidas cautelares impuestas al investigado. La resolución del juez puede ser apelada, lo que añade una capa más de complejidad a un caso que ya ha captado la atención de muchos en Las Palmas de Gran Canaria. La comunidad está a la espera de más información y de la evolución de este incidente que ha marcado a la localidad.
